Mientras el Congreso Nacional avanza con una agenda legislativa intensa, el Gobierno sigue de cerca este miércoles la votación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados, dos iniciativas clave que tienen implicancias directas para el sector agropecuario. En paralelo, el Senado busca avanzar con los dictámenes de la reforma laboral y de los cambios en la Ley de Glaciares, en un contexto de fuerte expectativa y cautela por parte del campo.

El Presupuesto 2026 contempla una proyección de crecimiento del sector agropecuario, apoyada principalmente en la actividad agrícola, con la soja como uno de los motores centrales. Desde el oficialismo sostienen que el agro seguirá siendo un pilar de la generación de divisas y de la recaudación fiscal, en un esquema orientado al equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, productores y entidades rurales observan con atención los números vinculados a los derechos de exportación, ya que el cálculo de mayor recaudación incluido en el proyecto sugiere que las retenciones no tendrían una reducción significativa durante el próximo año, un punto sensible para la rentabilidad y la planificación productiva.

Junto al Presupuesto, el proyecto de Inocencia Fiscal también despierta interés en el ámbito rural. La iniciativa apunta a otorgar mayor previsibilidad tributaria y a reducir el riesgo penal para los contribuyentes, con el objetivo de fomentar la formalización de la actividad económica. Desde el sector agroindustrial señalan que un esquema más claro y estable podría mejorar el clima de inversión en las economías regionales, especialmente para pequeños y medianos productores que enfrentan altos costos financieros y administrativos.

En el Senado, la agenda legislativa suma otros temas de impacto para el campo. La reforma laboral, que busca modernizar el régimen de empleo, es seguida de cerca por las entidades rurales, que reclaman que el trabajo agrario contemple sus particularidades, como la estacionalidad, la dependencia climática y la dispersión geográfica. Desde el sector advierten que una normativa pensada exclusivamente desde una lógica urbana podría profundizar la informalidad en lugar de reducirla.

Otro eje de debate es la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el Ejecutivo con el argumento de brindar mayor seguridad jurídica y promover inversiones productivas. Si bien el tema está más asociado a la minería, en el campo señalan que cualquier cambio en la normativa ambiental impacta indirectamente sobre los recursos hídricos, un factor estratégico para la producción agropecuaria, especialmente en regiones áridas y semiáridas.

Con este escenario, el sector agropecuario observa con atención el avance parlamentario. El resultado de estas discusiones será determinante para definir reglas de juego, costos, incentivos y condiciones de inversión de cara a la campaña 2026. Entre expectativas y advertencias, el mensaje del campo es claro: previsibilidad, competitividad y un marco normativo que reconozca el rol estratégico de la agroindustria en la economía argentina.