La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) manifestó su preocupación por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares de Argentina, actualmente en debate en el Congreso e impulsado por el Gobierno nacional. A través de una declaración institucional, el Consejo Directivo de la facultad expresó por unanimidad su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre los riesgos que podría implicar para la protección de los ecosistemas de alta montaña.

Desde la casa de estudios señalaron que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones ecológicas e hidrológicas estratégicas, fundamentales para la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad, el bienestar social y el desarrollo productivo en distintas regiones del país.

En ese marco, la decana de la facultad, Adriana Rodríguez, participará de una audiencia pública en la que expondrá la posición institucional en defensa de la normativa vigente y de la preservación de estos ecosistemas, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos.

Durante su intervención en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, Rodríguez advirtió que una modificación de la ley podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua en amplias regiones del país. Según explicó, los glaciares y los ambientes periglaciales cumplen un papel clave en la regulación del ciclo hidrológico y en la recarga de las cuencas. "Modificar la Ley de Glaciares pone en riesgo la disponibilidad de agua para millones de personas. No se trata solo de proteger ecosistemas: hablamos de garantizar agua para consumo humano, para la producción y para el riego en gran parte del territorio árido y semiárido del país", afirmó la decana.

Cabe destacar que la Ley de Glaciares establece restricciones amplias sobre actividades productivas en zonas cordilleranas. La ley no solo protege los glaciares propiamente dichos, sino también el denominado ambiente periglacial, que incluye áreas cercanas donde se almacenan reservas de agua en forma de hielo o suelos congelados.

Quienes cuestionan la ley sostienen que la definición de ambiente periglacial puede abarcar grandes extensiones de territorio de montaña, incluso en lugares donde no hay glaciares visibles. Según este planteo, esa amplitud podría limitar o impedir el desarrollo de proyectos productivos, como los vinculados a la minería, la energía o ciertas obras de infraestructura.

Asimismo, estas restricciones podrían afectar el desarrollo económico de regiones andinas donde este tipo de actividades representan una fuente importante de inversión, empleo y recursos fiscales. Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el aprovechamiento productivo de los recursos naturales.