La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores vuelve a tensarse a partir de la retención de una masa de fondos que, según las provincias, les corresponde por ley. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo creado para asistir a las jurisdicciones ante emergencias o desequilibrios financieros, que durante la gestión de Javier Milei quedó prácticamente paralizado. Según información oficial y estimaciones de organismos y consultoras, el remanente sin ejecutar supera los $728.000 millones, cifra que no fue distribuida pese a haber sido constituida durante 2024 y 2025.

A lo largo de 2025, el fondo ATN reunió alrededor de $860.000 millones, pero sólo se giraron unos $131.500 millones, equivalente a poco más del 15% del total. El resto quedó inmovilizado en manos del Ejecutivo nacional. El panorama se suma al desplome registrado en 2024, cuando apenas se distribuyó una fracción menor del fondo disponible, profundizando las dificultades fiscales de las jurisdicciones subnacionales.

La controversia se amplifica al analizar el funcionamiento de los ATN, que -a diferencia de la coparticipación automática- dependen de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para su reparto. Gobernadores de distintos signos políticos coinciden en que esta herramienta, originalmente diseñada para asistir situaciones críticas, se transformó en un instrumento político que condiciona a las provincias. De hecho, el Congreso había aprobado una ley para que la distribución fuera automática y proporcional a la coparticipación, pero el presidente Milei vetó la iniciativa, reavivando la disputa.

A esta tensión se suma otra fuente de reclamos: la estructura tributaria nacional. Los Derechos de Exportación (DEX), conocidos como retenciones, no son coparticipables, lo que implica que la Nación percibe íntegramente esos recursos sin devolverlos a las provincias productoras. Este esquema perjudica especialmente a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, distritos donde se concentra la mayor actividad agropecuaria del país. No sorprende que uno de los gobernadores más enfáticos en su crítica sea Axel Kicillof, quien sostuvo públicamente que "frenar el envío de estos fondos es robarle directamente a los bonaerenses".

El escenario se complica aún más por la caída real de la recaudación. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los recursos tributarios de octubre alcanzaron los $16,1 billones, con un incremento del 26,5% interanual. Sin embargo, al ajustar por inflación, se observa una merma real cercana al 3,5%. Entre los motivos figura el Decreto 682/2025, mediante el cual el Gobierno Nacional redujo a 0% las retenciones de los principales granos y de la carne vacuna en un intento por contener la escalada del dólar antes de las elecciones legislativas.

La medida provocó que una parte importante de las exportaciones se anticipara a fines de septiembre, generando un salto puntual en la recaudación. Pero, tal como ocurrió con el "dólar soja", en la gestión de Sergio Massa, las ventas se enfriaron drásticamente en los meses siguientes. Octubre y noviembre registraron una marcada retracción, fenómeno que también se proyecta para diciembre, dejando al fisco con menores ingresos en un momento de alta presión presupuestaria.

Con este cuadro, la discusión por los ATN se convirtió en el centro de la negociación del presupuesto 2026. Las provincias insisten en que los fondos acumulados y no ejecutados deben ser distribuidos de inmediato, dado que son esenciales para sostener servicios, obras y compromisos financieros. El Gobierno, en cambio, apuesta a preservar el esquema actual bajo el argumento de mantener el orden fiscal.

Mientras tanto, el reclamo provincial se intensifica. Los mandatarios advierten que la combinación de retención de fondos, caída de la recaudación y reducción de recursos automáticos compromete su capacidad de gestión. En ese contexto, exigen que los ATN, hoy paralizados, vuelvan a circular hacia los territorios a los que están destinados.