Estaba al caer y cayó. En la jornada de hoy la Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía de la Nación, Marta Novoa, le envió una notificación al Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, sobre el fallo de la Justicia.

Hablamos de la medida cautelar que presentaron la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para frenar los despidos en el Instituto.

Tras la decisión del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, la Jueza Federal Martina Isabel Forns, dio curso a los recursos presentados por los gremios y determinó que el Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) "deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N° 462/2025, artículos 59 a 69".

Recordemos que el Decreto N° 462/2025 es uno de los últimos que presentó el desregulador Federico Sturzenegger, y a través del cual se modificó la estructura organizativa del INTA e INTI, y se disolvió el INASE, entre otros organismos públicos.

Bronzo atado de pies y manos

La notificación de Novoa deja expresamente detallado que el actual Presidente del INTA no podría hacer ninguna modificación "incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por el plazo de seis (6) meses a partir de la notificación de la resolución judicial".

Quiere decir que "Bronzo" no podrá hacer ninguna modificación en los recursos humanos del INTA hasta fines de febrero de 2026, así como tampoco cerrar estaciones experimentales u otra organización que ya exista.

De esta manera, la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, por la cual se pasaba a disponibilidad a casi 300 trabajadores del INTA, también queda sin efecto porque, caso contrario, estaría incumpliendo con la Justicia Federal.

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Cabe destacar además que el juzgado ratificó y amplió la mencionada medida cautelar, "disponiendo la imposición de sanciones por cada día de incumplimiento y conminando a la observancia inmediata de lo resuelto".

Esto quiere decir que si el Estado, a través de la gestión de Bronzovich, llegara a realizar algun cambio en el personal del INTA, será multado con 10 millones de pesos por imcumplimiento.