La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) lanzó un duro comunicado en el que denunció una presunta "cartelización de la producción de semillas en Argentina" y criticó la intención de avanzar hacia un nuevo marco normativo alineado con estándares internacionales como UPOV 91.

Desde la entidad aseguraron que existe una narrativa impulsada desde el Gobierno que vincula el estancamiento productivo con la falta de una nueva Ley de Semillas, algo que rechazaron de plano. En ese sentido, cuestionaron al ministro Federico Sturzenegger por "confundir a la opinión pública" y sostuvieron que el verdadero problema radica en la presión impositiva, especialmente los derechos de exportación.

Cuestionaron al ministro Federico Sturzenegger por "confundir a la opinión pública" y sostuvieron que el verdadero problema radica en la presión impositiva, especialmente los derechos de exportación.

Críticas al modelo y comparación con Brasil

APRONOR planteó que la falta de crecimiento del agro argentino no responde a cuestiones regulatorias sobre semillas, sino al impacto de las retenciones. Como contraste, destacaron el caso de Brasil, que -según indicaron- mantiene un esquema basado en UPOV 78, permite el uso propio de semillas y no aplica derechos de exportación, lo que habría favorecido una fuerte expansión productiva.

Señalamientos sobre el control del sistema

El comunicado también pone el foco en el rol del Instituto Nacional de Semillas, al advertir sobre la presencia de funcionarios vinculados a empresas semilleras en cargos clave del organismo regulador. Según APRONOR, esto genera dudas sobre la imparcialidad en la aplicación de normas y sanciones. Además, cuestionaron la disparidad en los controles: mientras que en cultivos autógamos como soja y trigo se endurecen las exigencias sobre el uso propio, en cultivos como maíz -de mayor inversión genética- no se atenderían problemas productivos críticos, como enfermedades que afectan los rendimientos.

Advertencias al sector

La entidad alertó a los productores sobre un posible avance de regulaciones más estrictas que limiten el uso propio de semillas y aumenten los costos productivos. En ese marco, también criticaron iniciativas del sector privado vinculadas al cobro por tecnología, al considerar que benefician a un grupo reducido de empresas, muchas de ellas multinacionales. No obstante, aclararon que dentro de la cadena semillera existen actores que trabajan de manera articulada con los productores y que no forman parte de estas prácticas cuestionadas.

La entidad alertó a los productores sobre un posible avance de regulaciones más estrictas que limiten el uso propio de semillas y aumenten los costos productivos.

El posicionamiento de APRONOR vuelve a poner en el centro de la escena el debate por la propiedad intelectual en semillas, el rol del Estado y la competitividad del agro argentino.