El Reglamento (UE) 2023/1115, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en junio de 2023, establece un nuevo marco para el comercio internacional. Su objetivo central es garantizar que los productos consumidos en Europa no contribuyan a la deforestación ni a la degradación de los bosques a nivel mundial.

La normativa será de cumplimiento obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 y alcanza a siete materias primas consideradas de riesgo: soja, carne vacuna, aceite de palma, café, cacao, madera y caucho, además de sus productos derivados (como cueros y papel). 

¿Cuáles son los puntos claves de esta nueva normativa?

Esta resolución prohíbe la comercialización en la UE productos vinculados a tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020. Para poder garantizar su cumplimiento se deberán respaldar en la geolocalización de las parcelas de origen y sistemas de trazabilidad verificables. Además, se exige una evaluación de riesgos y medidas de mitigación, con foco en la verificación de la información declarada, más que en certificaciones externas.

Sin embargo, esta medida genera dudas en el agro argentino que aún no han encontrado respuestas, como por ejemplo: ¿Cómo se garantizará la trazabilidad? ¿Quiénes pagarán de no cumplir con las medidas? ¿A quiénes se les trasladarán los costos administrativos? 

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¿Cómo afecta al sector agropecuario en Argentina? 

Para el sector agrícola argentino, la medida impacta en dos de sus principales complejos exportadores, como son la soja y la carne. En el primer caso, el 21% del volumen exportado de poroto, harina y aceite de soja en 2022 se embarcó con destino a la UE de acuerdo a la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR). Mientras que en 2024, Argentina exportó aproximadamente 56.410 toneladas de carne bovina a la Unión Europea, lo que representó alrededor del 9,1% del volumen total exportado de carne bovina equivalente res con hueso (EqRc/H) de acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (MAGyP). 

Esta nueva medida presentada por la UE ya tiene un costo estimado para el sector agrícola del país de 2.700 millones de dólares, un 5,4% de las exportaciones de las cuales el 5% afectaría a la producción nacional ganadera y el 0,03% a la sojera.

Sin embargo, la Argentina cuenta con ventajas como un sistema nacional de monitoreo satelital de bosques nativos, inventarios forestales y trazabilidad electrónica de ganado que podrían homologarse con los requisitos europeos. Como también con la participación del único organismo extraeuropeo mediante Labintex (laboratorio virtual del INTA en el exterior).

En el marco del 14 Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, Ernesto Mesina, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), participó en la presentación de la temática y sostuvo: "Somos muy atacados y estamos demostrando que hay modelos productivos que no solamente conservan la biodiversidad, sino que la mejoran". A lo que agregó: "La Argentina está mucho mejor posicionada de lo que nos hacen creer, y la mayoría de los productores generamos toda la información que la Unión Europea necesita".

En base a estos y otros datos, el reglamento de la UE trajo consigo debate en el sector agropecuario argentino, que se divide entre quienes consideran la medida como una barrera paraarancelaria y quienes la ven como una oportunidad de diferenciarse en los mercados internacionales.

En este contexto, Mesina, sostuvo que: "estamos en un sector que está siendo muy analizado, muy monitoreado, y nos guste o no, nuestro consumidor está preguntando cómo es que se produce, acá y en el mundo". E invitó a los productores a participar activamente en la defensa de sus intereses, concluyendo que "depende de nuestras intervenciones y de nuestra actitud convertirlo en una amenaza o una oportunidad".

La Resolución 2023/1115 abre un nuevo escenario en el mercado internacional y en particular para la agroindustria argentina que deberá adaptarse a los estándares europeos de trazabilidad y sostenibilidad para mantener mercados estratégicos en un contexto global en el que los consumidores demandan productos que generen el menor impacto posible en el medioambiente. Sin embargo, esta adaptación se deberá llevar a cabo en medio de muchas incertidumbres en el sector que deberá buscar respuestas en los próximos meses.