A más de dos décadas de su creación, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) atraviesa un momento de fuerte tensión institucional y política. Mientras su rol ha sido central en la organización, desarrollo y sustentabilidad del sector yerbatero, hoy enfrenta intentos de desregulación que ya fueron frenados por la Justicia. El conflicto se intensifica con denuncias de vaciamiento institucional y perjuicio directo a los pequeños productores y trabajadores del sector.

Según informes elaborados por el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), el INYM es un ente de derecho público no estatal, financiado exclusivamente por la Tasa de Fiscalización del mercado interno, sin depender de fondos del Estado nacional. Desde su creación en 2002 tras las protestas conocidas como los "tractorazos", el instituto se ha consolidado como un actor clave para toda la cadena yerbatera.

En sus 22 años de funcionamiento, el INYM promovió la transparencia en la actividad, generó estadísticas confiables, fijó precios mínimos por encima de los costos de producción y ordenó el crecimiento de la producción mediante programas como la limitación de nuevas plantaciones. Además, llevó adelante más de 25 programas de asistencia técnica, capacitación, becas, entrega de herramientas y acciones de promoción tanto en el país como en el exterior.

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Sin embargo, a partir de la publicación del DNU 70/2023, el Gobierno Nacional intentó modificar la ley que da origen al instituto (Ley 25.564). En respuesta, varios sectores de la producción presentaron amparos judiciales, que fueron favorables: el 12 de enero de 2024, una jueza provincial ordenó la suspensión del capítulo del DNU vinculado al INYM. Esta medida fue ratificada el 5 de abril por la Cámara Federal de Posadas, dejando sin efecto los cambios e indicando que el organismo mantiene plena vigencia jurídica bajo la normativa original.

A pesar de ello, desde el MAM y APAM denuncian que el Poder Ejecutivo Nacional no ha designado al nuevo presidente del INYM, lo que impide su funcionamiento pleno. Este accionar, aseguran, constituye el delito de desobediencia judicial y también incumplimiento de deberes de funcionario público, por lo que se han iniciado causas penales contra el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios.

El trasfondo del conflicto es más profundo: los informes señalan que existe una intención de vaciar el INYM para beneficiar a los grandes conglomerados industriales, que controlan el 76,8% del mercado yerbatero. Según los datos aportados, durante la cosecha gruesa de 2024 el precio de la hoja verde se desplomó a $180 por kilo, casi $200 menos que en diciembre de 2023, en un contexto inflacionario. Esa caída habría significado una transferencia de más de $140.000 millones desde los pequeños productores hacia las grandes industrias.

"La intención es eliminar al colono del negocio yerbatero y apropiarse de sus chacras", denuncian. Incluso señalan como un gesto claro en esa dirección el proyecto de ley presentado por la diputada Sofía Brambilla, empleada de la empresa "Las Marías", que busca eliminar directamente al INYM.

Desde el sector productor afirman que esta situación genera un estado de vulnerabilidad económica extrema para más de 12.000 pequeños productores y 15.000 tareferos en las provincias de Misiones y Corrientes, y advierten: "El INYM es la herramienta que permitió que la familia agraria pudiera subsistir. No vamos a entregarla".

Más allá del conflicto, los datos del crecimiento yerbatero respaldan la gestión del INYM. Entre 2011 y 2023, la producción de hoja verde aumentó un 25%, los productores activos crecieron un 35% y el mercado interno registró un incremento del 13,7%. Además, se alcanzaron récords de consumo en 2023 con más de 325 millones de kilos comercializados.

"La batalla por el INYM la estamos ganando", aseguran desde las organizaciones que lo defienden, y llaman a nacionalizar la lucha para impedir su desmantelamiento. "¿Qué dirá la historia si nos dejamos arrebatar el INYM en nuestras propias narices por el accionar monopólico y delictivo de un grupo de avaros?", concluye el documento.