En el corazón productivo de Buenos Aires, una inundación que comenzó hace nueve meses mantiene bajo agua a zonas rurales enteras. Se trata del evento más grave en muchos años, con productores y familias que enfrentan caminos intransitables, siembras frenadas y campos improductivos. Imágenes satelitales tomadas del 11 al 13 de noviembre muestran 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas y 3,8 millones afectadas en la cuenca del río Salado, que abarca unas 17 millones de hectáreas.

Incluso donde el agua no está a la vista, la falta de piso y la ausencia total de accesibilidad paralizan cualquier tarea agrícola.

Municipios al límite y pérdidas millonarias

Los partidos más comprometidos suman más de 4,5 millones de hectáreas, de las cuales 1,1 millones permanecen bajo agua, afectando gravemente a distritos como Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln y Carlos Casares, entre otros.

La ventana de siembra de soja y maíz se cierra rápidamente y CARBAP estima que 1,5 millones de hectáreas agrícolas podrían quedar sin producir este año, lo que implica un impacto de más de USD 2.000 millones menos en la economía 2026. El golpe no sólo alcanza a los productores: afecta contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y pymes rurales.

Reclamos a intendentes, Provincia y Nación

CARBAP responsabiliza a los tres niveles de gobierno, planteando que todos tienen parte en el colapso actual.

Intendentes: Señala desvíos de la tasa vial y falta de mantenimiento de la red rural. "El 90% de los alimentos inicia su recorrido en un camino de tierra. Cuando esa red falla, no solo se corta la circulación, impidiendo algo normal como que un niño asista a la escuela, sino que se disparan los costos logísticos, afectando tanto a productores como a consumidores", afirma. A su vez, agrega: "Si un municipio no puede hacerlo, debe transferir la tarea -y los recursos- a los productores organizados en consorcios", sostiene CARBAP.

Provincia de Buenos Aires: La entidad recuerda que la Provincia tiene un rol central y, por jurisdicción, es "la responsable principal de ejecutar las obras del Plan Maestro del Río Salado". También subraya que "hace diez años deberían haber estado finalizadas", pero que "hoy el avance apenas supera la mitad". Estas obras, aclara el documento, no evitarían eventos extremos como el actual, pero sí disminuirían de manera importante los daños y acelerarían los escurrimientos, reduciendo el tiempo de anegamiento en la cuenca.

Además, cuestiona que "el presupuesto provincial 2026 propone un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario (mas de 70 millones de dólares adicionales)", mientras "destina poco mas de 4 millones de dólares al Plan Maestro", una desproporción que la entidad considera inaceptable frente a la magnitud del problema.

Gobierno nacional: La cuenca produce el 25% de los granos del país y concentra el 28% del stock bovino. Sólo en esta región, la Nación recauda más de USD 1.000 millones anuales en retenciones. Además, existe el Fondo Hídrico de Infraestructura, financiado con impuestos específicos al combustible, con destino legal expreso para este tipo de obras. Aun así, el Presupuesto Nacional 2026 no prevé fondos para el Plan del Salado, una omisión que CARBAP califica de incomprensible.

2030: un plazo límite

CARBAP plantea un objetivo concreto: "Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad". Sostiene que no es una aspiración, sino "una obligación moral, productiva y social", y remarca que la cuenca ya genera los recursos que el Estado recauda todos los años.