La Comisión Europea presentó una propuesta de "salvaguardias" destinadas a calmar las resistencias del sector agrícola dentro de la Unión Europea (UE) y así acelerar la aprobación del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Se trata de un mecanismo legal que permitirá a cualquier Estado miembro denunciar posibles perjuicios en su sector agropecuario frente a las importaciones del bloque sudamericano.

El disparador será un aumento superior al 10% en los volúmenes de importación o una caída de precios de igual magnitud. Ante esa situación, Bruselas podrá iniciar una investigación y adoptar medidas provisionales en un plazo de apenas tres semanas, incluso limitando las compras externas.

A su vez, la UE amplió un fondo de compensación de emergencia cercano a los 1.000 millones de euros anuales para cubrir disrupciones de mercado y daños climáticos. Además, prepara un protocolo político con "circuit breakers", disparadores automáticos, para restringir las importaciones de productos sensibles como carne vacuna, pollo y azúcar, sectores que concentran buena parte de la preocupación de agricultores en países como Francia y Polonia.

La estrategia de Bruselas apunta a lograr la ratificación del acuerdo hacia diciembre de 2025, en un escenario de tensiones comerciales con Estados Unidos tras la imposición de nuevos aranceles por parte del expresidente Donald Trump. El tratado con el Mercosur permitiría a Europa diversificar mercados y garantizar el acceso a recursos estratégicos, pero enfrenta la presión de sindicatos rurales que denuncian una competencia "desleal" de Sudamérica.

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Para los países del Mercosur estas salvaguardias implican un doble efecto. Por un lado, el acuerdo abre un acceso histórico a un mercado de más de 440 millones de consumidores, especialmente para carnes, cereales, azúcar y biocombustibles, productos en los que el bloque es altamente competitivo.

Sin embargo, la introducción de límites automáticos y fondos de compensación en la UE podría restringir el flujo real de exportaciones, reduciendo el beneficio esperado para productores latinoamericanos. Brasil, principal exportador de carne y soja, y Argentina, con fuerte interés en la carne vacuna y el biodiésel, se verían directamente afectados por la aplicación de estas "válvulas de escape" que, en la práctica, podrían atenuar las oportunidades del acuerdo.

Al mismo tiempo, el agro latinoamericano se enfrenta al desafío de cumplir con crecientes estándares europeos en materia ambiental y de trazabilidad, lo que obliga a inversiones adicionales en certificaciones y prácticas sostenibles.

Un acuerdo en la cuerda floja

El Mercosur percibe estas salvaguardias como una concesión necesaria para superar la resistencia europea, aunque advierte que no deberían transformarse en una herramienta proteccionista encubierta. Mientras tanto, los gobiernos de la región se preparan para intensificar la negociación técnica, conscientes de que lo que se apruebe en Bruselas tendrá un impacto directo en la balanza comercial agrícola de América Latina durante las próximas décadas.