La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) expresó un contundente rechazo a la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, publicada este martes en el Boletín Oficial, que dispone el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias que financian al sector.

Desde la entidad calificaron la decisión como "improcedente, inconsulta e inoportuna", y alertaron sobre las consecuencias que podría generar en la actividad, en un contexto económico ya complejo para las economías regionales. En ese sentido, las cámaras empresarias que integran COVIAR anticiparon que convocarán de manera urgente a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir y defender la institucionalidad del sector.

Desde la entidad calificaron la decisión como "improcedente, inconsulta e inoportuna", y alertaron sobre las consecuencias que podría generar en la actividad

La resolución oficial introduce cambios en el esquema de funcionamiento y financiamiento de la corporación, planteando una redefinición de instrumentos clave para su operatoria. Según advirtió la entidad, estos aspectos no son secundarios, sino estructurales dentro del régimen vigente, por lo que su modificación impacta directamente en el modelo de desarrollo que el sector sostiene desde hace más de dos décadas.

En el comunicado, la COVIAR también cuestionó el encuadre legal de la medida, al considerar que se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir el vínculo entre el Estado y los sectores productivos. Además, sostuvo que la resolución excede las competencias de la autoridad administrativa, al introducir cambios sustanciales sobre un régimen establecido por ley.

La COVIAR también cuestionó el encuadre legal de la medida, al considerar que se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir el vínculo entre el Estado y los sectores productivos.

Frente a este escenario, la entidad solicitó de manera urgente que la medida sea revisada y dejada sin efecto. Asimismo, planteó la necesidad de que cualquier proceso de actualización o revisión del esquema vigente se realice dentro de los marcos legales e institucionales correspondientes, garantizando diálogo, seguridad jurídica y estabilidad para el desarrollo de la vitivinicultura argentina.