La soja volvió a ser protagonista en la agenda económica. En el marco de ACsoja, se realizó un panel sobre derechos de exportación con la participación de Pablo Lavigne (Secretario de Coordinación de Producción de la Nación), Juan Pazo (Titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero), Martín Vauthier (director del Banco de Inversión de y Comercio Exterior y asesor del Ministerio de Economía) y la moderación de Javier Cervio (Bolsa de Comercio de Rosario)

El eje central fue la reciente decisión del Gobierno de reducir temporalmente las retenciones al complejo sojero. Desde la visión oficial, la medida se enmarca en un programa más amplio de estabilización macroeconómica.

Vauthier remarcó que Argentina pasó de un déficit de 5 puntos del PBI en 2023 a un superávit financiero de 0,3% en 2024, acompañado por la recomposición de reservas y la eliminación de la emisión monetaria para financiar déficit. "Esto nos permite tener un Banco Central con respaldo real de sus pasivos, lo que fortalece la credibilidad del programa económico", explicó.

En la misma línea, destacó que el alivio impositivo no debe leerse como un costo fiscal sino que los efectos directos son más inversión en bienes de capital, insumos y maquinaria, y en el largo plazo mayor producción, exportaciones y recaudación. También se refuerza la confianza y se reduce el riesgo país, lo que se traduce en menores tasas de interés.

Por su parte, Pazo subrayó la mirada política detrás de la decisión: "El Gobierno ve al campo como un aliado y no como un enemigo. Hoy un productor necesita 30% menos de soja para comprar un tractor o una cosechadora que el viernes pasado. Eso abre un sendero de crecimiento".

Desde la Secretaría de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne recordó que la baja de retenciones es parte de un "encadenamiento de medidas destinadas a generar más flujo y competitividad"

El debate también giró en torno a la apertura de mercados y nuevas oportunidades comerciales. Se mencionaron viajes en agenda a Asia para ampliar colocaciones de carne, además de negociaciones vinculadas a pollos y esquemas de exportación más ágiles apoyados en tecnología.

En cuanto al límite de USD 7.000 millones impuesto a la operatoria, Vauthier explicó que surge del cálculo de stocks disponibles y que el momento de implementación estuvo marcado por un contexto de ruido político. "La medida busca justamente reforzar la credibilidad del programa económico en medio de esas turbulencias", concluyó.