La Mesa de Enlace manifestó su profunda preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno nacional en el marco del nuevo esquema de funcionamiento de organismos públicos vinculados al agro. A través de un comunicado conjunto, las entidades que integran la mesa de enlace -Confederacón Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA)- advirtieron que las reformas planteadas en el decreto "ómnibus" generan incertidumbre y afectan la institucionalidad y previsibilidad del sector.

En un país históricamente expuesto a vaivenes institucionales, las entidades remarcaron que "los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable, para evitar alteraciones que afecten procesos, metodologías y la toma de decisiones". Subrayaron que contar con reglas claras y marcos sólidos es clave para impulsar el desarrollo productivo y agroindustrial con innovación, arraigo y extensión rural.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la modificación del estatus y gobernanza del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Al respecto, la presidenta de FAA, Andrea Sarnari, fue contundente:

"Vemos como línea conductora que hay un creciente centralismo, y que casi todos los cambios implementados dejan funcionando organismos gobernados casi totalmente por representantes del Poder Ejecutivo, y recortan el rol del sector privado y de las provincias a ámbitos consultivos sin poder real. Esto nos preocupa, porque atenta contra el federalismo y también contra la articulación público-privada que, en casos como el INTA, han demostrado sobradamente su importancia".

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Sarnari también cuestionó la redefinición del INTA como organismo "desconcentrado" y el rol asignado al consejo consultivo:

"Nos preocupa ver el alcance real que le dan al nuevo carácter desconcentrado, así como también el rol que le asignarán al consejo consultivo, considerando que su voluntad queda casi desdibujada. Esto atentaría directamente contra la gobernanza y la autarquía, dejando en manos del gobierno de turno las decisiones y recortando la mirada de largo plazo, fundamental para un organismo como el INTA".

Además, la dirigente de FAA se refirió a la disolución de otros organismos clave para los pequeños productores, como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Banco de Tierras, el INASE y la CONASE.

"Desde FAA también creemos que es un error disolver el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, así como el Banco de Tierras y otras herramientas previstas en la ley 27.118. Se trata de instrumentos por los que hemos peleado, y el hecho de que otros gobiernos hayan hecho un mal o inadecuado uso de ellos no implica que sus objetivos y finalidades no sean fundamentales para los productores de menor escala".

En cuanto a la eliminación o reconfiguración del INASE y la CONASE, Sarnari advirtió que los cambios generan alarma porque no está claro el impacto real que podrían tener.

"Estas desarticulaciones nos afectan con más fuerza a los productores de menor escala, que somos quienes más necesitamos del apoyo y la protección del Estado. Si bien se puede coincidir en la necesidad de modernizar o agilizar estructuras que en algunos casos estaban sobredimensionadas, vemos que los cambios propuestos dejan abierta la puerta a que estos organismos queden al arbitrio del gobierno de turno, sin brindar previsibilidad ni apoyo real a los productores que los necesitamos".

Desde la Mesa de Enlace pidieron que se convoque a los representantes del sector para debatir en profundidad los cambios propuestos y alertaron que cualquier reforma sin participación ni diálogo puede afectar negativamente la eficiencia, la equidad y el federalismo en la gestión de las políticas públicas agropecuarias.