El conflicto por la Resolución 180/25 del Gobierno Nacional, que autoriza el ingreso de carne con hueso proveniente de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a la región patagónica, sigue escalando. La medida generó un amplio rechazo por parte de federaciones rurales y gobiernos provinciales, quienes consideran que la decisión pone en riesgo el estatus sanitario diferencial de la Patagonia y, con ello, una parte clave de su economía regional.

La normativa, suspendida momentáneamente tras la reacción de los gobernadores patagónicos, propone modificar una política sanitaria que hasta ahora había permitido a la región posicionarse en mercados internacionales exigentes. La Patagonia, al sur del río Colorado, es reconocida como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que le otorga ventajas comerciales frente a países que priorizan altos estándares sanitarios.

Ante las protestas, el Gobierno convocó a una reunión con entidades rurales de la región. Allí se confirmó que la barrera sanitaria se mantendría, aunque con la posibilidad de permitir el ingreso de algunos productos, en condiciones más estrictas que las establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). La resolución final sigue pendiente, y se prevé que no haya definiciones hasta después del 16 de junio, cuando vence el período de suspensión.

Mientras tanto, crece la presión desde distintos frentes. Las entidades rurales retomaron el diálogo con los gobiernos provinciales, y este jueves por la tarde habrá un nuevo encuentro en Viedma con el ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy. La coordinación entre los gobernadores de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego fue clave para forzar al Ejecutivo nacional a pausar la aplicación de la Resolución 180.

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En paralelo, el partido Somos Fueguinos presentó un proyecto en la Legislatura provincial para crear una barrera sanitaria local si Nación decide avanzar con la flexibilización. El proyecto apunta a evitar que Chile impida el paso de ganado fueguino hacia los frigoríficos del continente, lo que dejaría a la provincia sin una vía para procesar su producción ovina. La iniciativa surge en un contexto tenso para Tierra del Fuego, también golpeada por el anuncio de eliminación de aranceles para la importación de celulares, lo que amenaza miles de empleos industriales.

El impacto económico de levantar la barrera sanitaria es uno de los ejes centrales del reclamo patagónico. Documentos entregados por las entidades rurales advierten que, gracias al actual esquema, se han retenido más de 100.000 animales al sur del río Colorado que antes completaban su ciclo productivo en otras zonas. Esa retención permitió alcanzar niveles récord de faena y generó un valor agregado estimado en 150 millones de dólares anuales para la región.

Los frigoríficos también comenzaron a consultar a sus clientes internacionales sobre posibles reacciones frente a una eventual pérdida del estatus sanitario diferencial. Por ahora, no hay definiciones, pero el sector teme que la flexibilización provoque cierres de mercados clave. En este sentido, los productores advierten que la apertura a carne vacunada podría ahuyentar compradores que valoran precisamente la garantía de una producción sin vacunación.

Desde el SENASA, el director nacional de Sanidad Animal, Daniel Alejandro Caria, firmó las comunicaciones oficiales dirigidas a socios comerciales, en las que se afirma que los cambios propuestos serían incluso más exigentes que los estándares internacionales. No obstante, los técnicos del organismo reconocen que están abiertos a consultas y explicaciones adicionales.

A la espera de definiciones, los ganaderos de la Patagonia se preparan para seguir defendiendo una política sanitaria que, aseguran, fue clave para el desarrollo de la actividad y la inversión en campos con potencial de riego. En el terreno, se percibe que el conflicto aún no tiene desenlace. La frase que más se repite entre los productores resume el momento: "Tenemos buen trato, pero no definen nada".