La empresa láctea La Suipachense, perteneciente al grupo Maralac, despidió en los últimos días a nueve empleados vinculados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), a quienes acusó de participar en hechos de violencia y hostigamiento dentro de la planta. Según la compañía, los episodios incluyeron amenazas a directivos, retención de gerentes y la toma de oficinas administrativas.

Desde ATILRA rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el verdadero motivo del conflicto es que la firma no pagó los salarios de julio. El gremio asegura que los trabajadores despedidos fueron justamente quienes habían gestionado el depósito de haberes en sus cuentas, en medio de las tensiones con la patronal.

En respuesta a los despidos, ATILRA lanzó un plan de lucha que incluyó paros, bloqueos en los accesos de la planta y una marcha multitudinaria en Suipacha, que contó con el apoyo de vecinos, funcionarios locales y referentes políticos. Como consecuencia, la láctea se encuentra totalmente paralizada, sin ingreso de leche ni materias primas.

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La situación golpea de lleno a la economía de la ciudad bonaerense de 12.000 habitantes, donde la firma es uno de los principales motores productivos. En su mejor momento, La Suipachense procesaba 250.000 litros diarios de leche, pero en las últimas semanas la producción cayó primero a 180.000 litros, luego a 40.000 y finalmente a cero.

El deterioro financiero de la compañía se refleja también en el atraso salarial de al menos dos meses, una deuda millonaria con proveedores y más de 500 cheques rechazados.

En este escenario, el gremio reclama la intervención del Ministerio de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria que permita encauzar el conflicto. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores y la comunidad de Suipacha, que teme por el futuro de la planta y de cientos de familias que dependen de ella.