En el marco de un proceso de reestructuración de organismos estatales, el Gobierno nacional dispuso una serie de modificaciones que impactan en instituciones clave vinculadas a la actividad agroindustrial y a sectores emergentes como el cannabis medicinal, a través del Decreto 462/2025. Las medidas alcanzan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), con el objetivo de simplificar estructuras, reducir costos y limitar la injerencia del Estado en actividades productivas.

El INV pasa a depender de Agricultura pero mantiene su denominación

El Instituto Nacional de Vitivinicultura será transformado en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Pese a esta reestructuración, mantendrá su nombre con el objetivo de preservar el reconocimiento internacional de su sistema de certificación vitivinícola, especialmente en el ámbito del comercio exterior.

Con una dotación actual de 459 agentes y un presupuesto superior a los $12.120 millones anuales, el INV ha sido cuestionado por el Gobierno Nacional por su "excesiva actividad fiscalizadora" en toda la cadena productiva, lo que -según el diagnóstico oficial- genera sobrecostos, burocracia y distorsiones que afectan la competitividad del sector, particularmente para los pequeños productores.

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Según el Gobierno, el nuevo esquema propone una reorganización funcional, concentrando sus tareas en el tramo final de la cadena productiva y promoviendo un sistema más racional y acotado, basado en principios de trazabilidad documental y controles posteriores. El proceso de certificación internacional se mantendrá, aunque será voluntario y a solicitud del productor.

Disolución del INAFCI: fin de un organismo creado en 2022

El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, creado en 2022, será disuelto. Las funciones que tenía asignadas pasarán ahora a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según los fundamentos oficiales, el organismo fue concebido como "una caja política" que llegó a contar con más de 900 contratados, destinando casi el 90% de su presupuesto a sueldos.

En la actualidad, el INAFCI cuenta con 105 agentes y un presupuesto de $2.749 millones. La decisión se enmarca en la visión del Gobierno de que el fortalecimiento del sector agropecuario -incluyendo la agricultura familiar- debe basarse en reglas claras, estabilidad macroeconómica y acceso equitativo a los mercados.

El fin de ARICCAME y un nuevo esquema regulatorio para el cannabis

También se resolvió la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que será reemplazada por una Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. La medida apunta a reducir superposiciones institucionales y racionalizar funciones que, según el diagnóstico oficial, se habían dispersado, obstaculizando una política efectiva para el sector.

"La experiencia de ARICCAME demuestra que su sobredimensionamiento estructural, la superposición de funciones con otros organismos, la rigidez operativa derivada de su modelo de gobernanza y la dispersión de funciones y responsabilidades han dificultado la implementación de una política clara y efectiva en el sector", indica el decreto.

En adelante, la regulación del cannabis medicinal será competencia de la ANMAT, mientras que el cáñamo industrial -excluyendo la flor- quedará bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será responsable en lo relativo a semillas y propagación vegetal.

Según detalla la Resolución, el nuevo modelo busca especializar la regulación según el destino y el riesgo sanitario, alineándose con estándares internacionales, y eliminando estructuras estatales consideradas ineficaces o redundantes.