La desregulación del sector vitivinícola sumó un nuevo capítulo polémico tras un extenso posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en X. En esta red social, el funcionario trazó una comparación directa entre la Asociación de Viñateros de Mendoza y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a partir de la judicialización de medidas que introducen la opcionalidad en ambos ámbitos. 

Sturzenegger trazó un paralelismo entre el fútbol y la vitivinicultura al señalar que, así como la AFA recurrió a la Justicia para impedir que los socios de los clubes eligieran convertirse en sociedades anónimas tras el DNU 70/23, ahora la Asociación de Viñateros de Mendoza busca frenar una desregulación que hizo opcional el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), permitiendo que cada productor decida si lo utiliza o no. 

El ministro sostuvo: "Dentro de ese vergel de libertades una de las desregulaciones fue hacer que el "certificado de ingreso de uva" (conocido como CIU) pasara a ser opcional. Es decir, el que lo quiere (por ejemplo, para hacer trazabilidad) lo usa y el que no, no. De hecho, el 45% de los productores que previamente estaban obligados a hacer el CIU luego no lo usaban". 

Sin embargo, la Asociación de Viñateros de Mendoza presentó una acción judicial ante el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, para que el certificado vuelva a ser obligatorio. Ante la respuesta de la asociación a la medida tomada, el funcionario declaró: "¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio....? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas". 

Ante esta situación, en su análisis Sturzenegger planteó dos posibles explicaciones. La primera, que el CIU funcionaba como un mecanismo de control del mercado al concentrar información clave sobre el movimiento de uva y su ingreso al circuito comercial, lo que podría facilitar prácticas de control y cartelización. En ese marco, el certificado adquiriría valor como herramienta para sostener conductas anticompetitivas. 

La segunda hipótesis apuntó a la dificultad de cobrar una tasa sectorial sin el CIU. Según el ministro, sin ese instrumento se complica la recaudación de un impuesto privado que continúa vigente pese a que el mandato de la entidad que lo percibe venció hace años. Para Sturzenegger, ese factor también explicaría la presión para reinstalar la obligatoriedad. 

También destacó que existen numerosas voces a favor de la desregulación y de la opcionalidad del CIU, incluido el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo rector de la actividad y promotor de la medida. En ese sentido, el ministro expresó su confianza en que la Justicia considere esas posiciones al momento de analizar el caso. 

Para reforzar su postura, Sturzenegger apeló a la historia del sector y recordó las fuertes intervenciones estatales sufridas por la vitivinicultura, como la prohibición de producir vino fuera de Cuyo en 1934, que arrasó con bodegas y economías regionales y recién fue revertida en 1993. A su entender, ese pasado debería funcionar como advertencia frente a intentos de reinstalar regulaciones que limiten la libertad productiva. 

En el posteo, el funcionario concluye que "es triste ver como algunos se escudan en la regulación, usando argumentos delirantes, para volver a hacer un daño, esta vez, a sus propios colegas". Y sentenció: "Por eso decimos con el presidente @JMilei que la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero". 

La comparación con Chiqui Tapia expone una mirada del Gobierno que asocia la regulación obligatoria con la defensa de intereses concentrados y la resistencia al cambio. El conflicto por el CIU va más allá de un trámite administrativo y reabre un debate de fondo sobre control, competencia y libertad en una de las principales economías regionales del país. El fallo judicial no solo definirá el futuro del certificado, sino también hasta dónde llega la desregulación en un sector marcado por una larga historia de intervenciones estatales.