Agricultura derogó una decena de resoluciones del SENASA para simplificar el marco normativo agroalimentario
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca eliminó un conjunto de normativas que habían quedado obsoletas. La medida apunta a "simplificar y transparentar" los procedimientos vinculados al comercio agroalimentario.
En línea con el proceso de desregulación y simplificación del aparato estatal impulsado por el Gobierno nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía dictó la Resolución 209/2025, mediante la cual se derogan una serie de disposiciones que regían desde la década del ‘90 y que se consideraban superadas por la normativa actual.
La medida, firmada por el secretario Sergio Iraeta, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el día siguiente a su publicación. Según se detalla en los considerandos, el objetivo es "eliminar trabas e impedimentos para favorecer el desarrollo de los sectores productivos" y lograr "un marco normativo actualizado, simple y transparente".
El texto señala que la iniciativa se enmarca en la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, y en los decretos de modernización administrativa y desregulación económica dictados en los últimos años, entre ellos el Decreto 70/2023, que impulsa la libre competencia y la eliminación de restricciones al comercio y la industria.
Entre las normativas derogadas se encuentran resoluciones que regulaban cuestiones como la certificación de calidad de granos y subproductos exportados, los aranceles percibidos por el ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), el registro de terapéutica vegetal, las normas sobre viveros de olivo y programas de control de plagas como la carpocapsa.
Desde la cartera agropecuaria se subrayó que "tras varios años sin una revisión integral del marco regulatorio", resultaba necesario "profundizar los cambios hacia procedimientos más razonables, precisos y operativos".
La decisión, además, se enmarca en el Plan de Modernización del Estado, que instruye a los organismos públicos a evaluar y depurar su inventario normativo para eliminar cargas innecesarias. En este caso, el SENASA, como autoridad de aplicación en materia sanitaria y fitosanitaria, tuvo un rol clave en la revisión de las regulaciones afectadas.