La FAUBA en alerta por la intención del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares
Especialistas advierten que la iniciativa pone en riesgo la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
La decisión del presidente Javier Milei de avanzar con una modificación de la Ley de Glaciares encendió las alarmas entre especialistas y organizaciones socioambientales. La licenciada en Ciencias Ambientales y magíster en Políticas Ambientales y Territoriales, Laura Isla Raffaele, docente e investigadora de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), advirtió que la iniciativa del Ejecutivo amenaza uno de los marcos legales de protección hídrica más relevantes del país, justamente en el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, declarado por Naciones Unidas.
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La normativa protege no solo los glaciares descubiertos y visibles, sino también los manchones de nieve, los glaciares cubiertos y los glaciares de escombros o roca, formaciones características del ambiente periglacial con importantes reservas internas de hielo.
Según Isla Raffaele, estas geoformas constituyen componentes esenciales de los sistemas hidrológicos de montaña, ya que actúan como reservas naturales de agua dulce: almacenan hielo y lo liberan gradualmente durante los períodos secos, sosteniendo el caudal de ríos y cuencas de los que dependen poblaciones enteras y actividades productivas, agrícolas, turísticas y culturales. "Sin estos aportes, muchas regiones áridas del país simplemente no podrían sostener su vida y su economía", señaló.
La Ley de Glaciares ha sido objeto de tensiones desde su aprobación, principalmente por la resistencia de sectores mineros y gobiernos provinciales interesados en expandir la minería. El punto de mayor conflicto es el ambiente periglacial, donde la presencia de glaciares de escombros se superpone con proyectos de extracción de oro, plata o cobre. La normativa prohíbe la actividad industrial y minera en zonas con cuerpos de hielo por su impacto en la erosión, el movimiento de suelos y la aceleración del derretimiento. Esto ha frenado la aprobación de numerosos proyectos.
En este escenario, Milei propuso que sean las provincias las que definan qué constituye ambiente periglacial. Para la investigadora, ese cambio sería "extremadamente riesgoso", ya que desplazaría la competencia técnica del IANIGLA -instituto de referencia del CONICET y responsable del Inventario Nacional de Glaciares- hacia gobiernos con intereses económicos directos en la minería y sin equipos especializados en glaciología. "Desconocer ese trabajo científico para flexibilizar la aprobación de proyectos extractivos implicaría vaciar de contenido la protección ambiental", advirtió.
La especialista también subrayó la contradicción del contexto internacional: "Mientras el mundo atraviesa el Año Internacional de los Glaciares, Argentina evalúa debilitar su principal herramienta de protección". Además, recordó que muchos proyectos mineros asociados a la transición energética demandan minerales estratégicos como el cobre o las tierras raras. "Es incoherente hablar de acción climática si, para obtener esos minerales, se plantea flexibilizar una ley que protege justamente las reservas de agua más vulnerables al calentamiento global", sostuvo.
Para Isla Raffaele, modificar la Ley de Glaciares con el fin de favorecer actividades extractivas pondría en riesgo la seguridad hídrica del país. "El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si los glaciares se destruyen, no hay forma de recuperarlos", afirmó. Y concluyó que la normativa no solo debe mantenerse, sino fortalecerse para garantizar que el derecho al agua y la preservación de los ecosistemas prevalezcan por encima de los intereses económicos.