Tierra del Fuego habilitó la cría de salmones en sus costas con fuertes controles ambientales

 La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aprobó una nueva ley de acuicultura que habilita la producción de salmones en mar abierto, excluyendo expresamente el Canal de Beagle y otros cuerpos de agua sensibles. La iniciativa, sancionada por una ajustada mayoría, marca un giro en la política productiva de la provincia tras la prohibición vigente desde 2021 y vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.

La norma reemplaza a la Ley 1.355 y crea un marco regulatorio para el desarrollo de la acuicultura sostenible, que contempla la cría de salmónidos -como salmones y truchas- bajo estrictas exigencias ambientales y sanitarias. De acuerdo con el texto aprobado, la actividad solo podrá realizarse en sectores habilitados del litoral atlántico fueguino, quedando fuera el Canal de Beagle, lagos, lagunas y áreas naturales protegidas.

Uno de los ejes centrales de la ley es el fortalecimiento de los controles ambientales. Cada emprendimiento deberá presentar una Guía de Aviso de Proyecto y un Estudio de Impacto Ambiental, que serán evaluados por la autoridad de aplicación provincial. Además, se establecen requisitos específicos en materia de sanidad, manejo de efluentes y tecnologías productivas, priorizando sistemas de recirculación y prácticas que minimicen el impacto sobre el ecosistema marino.

La legislación también prevé la creación de un Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, con el objetivo de impulsar la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la capacitación, además de acompañar la fiscalización de los proyectos. Desde el oficialismo provincial destacaron que el nuevo esquema busca diferenciarse de los modelos intensivos desarrollados en otros países, como Chile o Noruega, y apuntar a una producción acotada, con trazabilidad y estándares ambientales elevados.

La aprobación se dio en un contexto de fuerte controversia social y política. La votación en la Legislatura fue ajustada y reflejó las posiciones encontradas entre quienes consideran a la salmonicultura una oportunidad para diversificar la matriz productiva, generar empleo y atraer inversiones, y quienes advierten sobre los riesgos ambientales asociados a la cría de peces en jaulas marinas.

Organizaciones ambientalistas, científicos, chefs y pescadores artesanales manifestaron su rechazo a la habilitación, señalando posibles impactos sobre la biodiversidad, la pesca local y el turismo, uno de los pilares económicos de la provincia. En particular, remarcaron la experiencia internacional en zonas donde la salmonicultura intensiva generó problemas de contaminación, escapes de especies exóticas y uso de antibióticos.

Desde el sector productivo, en cambio, sostienen que la nueva ley abre una ventana para el desarrollo de una acuicultura regulada, con valor agregado local y potencial exportador, en una provincia que busca alternativas para ampliar su base económica más allá del sector público, la industria electrónica y el turismo.

Con la sanción de la norma, Tierra del Fuego inicia una nueva etapa en el debate sobre el uso de sus recursos naturales. La implementación efectiva de los controles, la definición de las áreas habilitadas y el seguimiento ambiental serán claves para determinar si la salmonicultura puede consolidarse como una actividad productiva compatible con la protección de uno de los ecosistemas más sensibles del país.