Los biocombustibles en la Argentina mostraron debilidades y abrieron el debate legislativo
La discusión sobre biocombustible volvió al Congreso con tensión entre promoción productiva, costo fiscal y precio
La discusión sobre los incentivos para la producción de biocombustibles volvió a ganar lugar en la agenda legislativa argentina. A pesar de que actualmente aparece como parte de las cadenas agroindustriales y como herramienta de diversificación energética, también crecieron sus cuestionamientos.
Informes realizados por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea remarcan que, a nivel internacional, la promoción de biocombustibles es una política extendida y sostenida por distintos instrumentos. En ese marco, la Argentina aparece con particularidades propias en el diseño institucional, especialmente por su nivel de regulación, la administración de cupos y la fijación oficial de precios.
En el caso argentino, en 2006 se creó, con la Ley 26.093, un programa de promoción para la producción y uso de bioetanol y biodiésel con una vigencia de 15 años. Y en 2021 con la Ley 27.640 se reemplazó el esquema anterior con un enfoque más regulado y que rige hasta 2030, con la posibilidad de extenderse por cinco años más.
Hoy el esquema se apoya en mezclas obligatorias, distribución de cupos entre empresas habilitadas, precios fijados por la Secretaría de Energía, restricciones a la competencia e integración vertical, y la exención de los biocombustibles en el Impuesto a los Combustibles. En ese sentido, el informe señala que "el funcionamiento del régimen descansa sobre un complejo entramado normativo y operativo", que define la existencia del mercado y su magnitud, sus actores y sus condiciones de competencia.
Un régimen cuestionado por sus resultados
Uno de los principales ejes críticos pasa por la escasa competencia, ya que el mercado de mezcla obligatoria opera con un número cerrado de oferentes, cupos asignados a prorrata y precios administrados, lo que reduce la competencia entre firmas y debilita los incentivos para invertir, innovar y bajar costos. A eso se suma que las refinerías deben comprar los volúmenes definidos por la autoridad al precio oficial, sin margen de negociación.
La producción de biodiésel alcanzó un máximo en 2017 y luego entró en una fase de declive asociada a la baja del corte obligatorio, la pérdida de competitividad externa, el encarecimiento del aceite de soja y la volatilidad cambiaria. De esta manera, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la ociosidad del sector se habría ubicado cerca del 74%.
En bioetanol, la producción creció con fuerza en comparación con 2009, pero desde 2017 mostró casi un estancamiento, con trayectorias diferentes entre maíz y caña de azúcar. Mientras el etanol de maíz ganó peso relativo, el de caña perdió participación.
"A diferencia del biodiesel, las exportaciones de bioetanol (de etanol con destino combustible) han sido siempre muy marginales, no mayores al 2-3% de la producción". IERAL
Fuente: IERAL en base la Secretaría de Energía de la Nación.
El costo de la producción
El análisis del IERAL advierte que el biodiésel resultó, durante buena parte del período 2022-2025, más caro que el gasoil fósil (aún con la ventaja impositiva). Esto no solo implicó una menor recaudación para el Estado, sino también presión alcista sobre el precio final del combustible.
En cambio, el etanol de maíz mejoró su competitividad en 2024 y 2025, contribuyendo a reducir el precio de las naftas, aunque también generando gasto tributario por la exención impositiva. Esto contribuyó a reducir el precio final de las naftas, especialmente al considerar la carga impositiva que sí recae sobre los combustibles fósiles.
Según las estimaciones citadas en el informe, la exención en el Impuesto a los Combustibles implicó en 2024 una pérdida de recaudación de $227 mil millones, equivalente al 0,04% del PBI, mientras que para 2025 y 2026, la proyección asciende a $444 mil millones y $651 mil millones, respectivamente. El propio estudio aclara que se trata del costo bruto de la exención y no del costo fiscal neto del régimen, porque no descuenta otros impuestos generados por la actividad ni sus efectos sobre empleo y producción.
Fuente: IERAL en base a Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026.
Qué cambios se discutieron en el Congreso
En ese escenario, el Congreso comenzó a analizar una propuesta impulsada por legisladores alineados con el Gobierno nacional. Allí se propone una liberalización progresiva del mercado, con mayor competencia, precios libres y apertura para petroleras, grandes exportadores e importaciones.
Sin embargo, existe otra propuesta promovida por la denominada Liga Bioenergética de provincias. Esta también plantea subas en los cortes y más competencia, pero preservando un esquema más protegido para pymes y manteniendo restricciones para ciertos actores.
Ambos proyectos coinciden en elevar gradualmente las mezclas obligatorias y en reducir el peso de la fijación directa de precios por parte del Estado. Sin embargo, mientras el oficialismo apunta a que todo el mercado obligatorio funcione con contratos libres hacia 2031, la Liga Bioenergética propone licitaciones reguladas, topes de participación y continuidad de ciertas segmentaciones, como la división entre caña y maíz en etanol.
A pesar de que la Argentina logró desarrollar capacidades productivas, integrar los biocombustibles a su agroindustria y diversificar parcialmente su matriz energética, el régimen vigente también generó baja competencia, dependencia del mercado cautivo y tensiones entre la promoción sectorial, el costo fiscal y la competitividad. Actualmente, la discusión ya no pasa sólo por sostener el sistema, sino por definir cómo reformarlo sin trasladar mayores costos al resto de la economía.