El reciente cambio en la normativa sanitaria que habilita el ingreso de carne con hueso a la Patagonia generó una fuerte preocupación entre los productores del sur argentino. Desde la Sociedad Rural de Río Gallegos, su presidente, Enrique Jamieson, expresó que la medida no solo pone en jaque un estatus sanitario alcanzado tras décadas de trabajo, sino que también amenaza la sostenibilidad económica de una región con condiciones productivas muy distintas a las del resto del país.

"Después de 23 años de tener la tranquilidad de poder exportar a un montón de países, se pone en riesgo esta situación", advirtió Jamieson en Chacra Agro Continental. La región patagónica cuenta con la calificación internacional de libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que le permite acceder a mercados premium. Para el dirigente rural, la apertura para el ingreso de carne con hueso perfora ese estatus y contradice el mismo criterio técnico que justifica la vacunación en otras regiones del país.

Jamieson también hizo hincapié en la asimetría que enfrenta la producción en Santa Cruz respecto del resto del país: "Acá tenemos una vaca cada diez hectáreas, una oveja cada cinco. Los costos de flete, de gas, de insumos, son muy distintos. No se puede comparar con la Pampa Húmeda".

En el plano económico, el dirigente señaló que desde que comenzaron a circular las primeras resoluciones nacionales -en marzo- el mercado se resintió. Señaló que hubo una baja del 30% en el valor del ternero, lo que generó una situación muy compleja para muchos productores.

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Además del impacto inmediato en los precios, desde la entidad ruralista advierten sobre el temor a una eventual pérdida de mercados internacionales ante un posible brote de aftosa. "Si se enferma una vaca, es muy complejo. Hemos pedido al gobierno que nos muestre cuáles han sido las contestaciones de los países compradores, pero no hemos tenido respuesta".

Jamieson también apuntó contra los intereses económicos detrás de la medida. Según expresó cree que algunos frigoríficos o cadenas de supermercados creen que la solución a sus problemas está en la Patagonia, pero no puede primar una cuestión económica sobre una cuestión sanitaria.

Finalmente, confirmó que en Santa Cruz se avanzó con herramientas legales para frenar la aplicación de la medida, incluida una ley provincial y recursos de amparo. "El impacto en la región podría ser muy alto, sobre todo para el pequeño productor ovino que ya viene muy castigado", concluyó Jamieson.