Delitos rurales: un flagelo cotidiano que atenta contra el productor argentino
La mayor parte de Argentina está realizando el aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia de Covid-19. Ante esto, la actividad agropecuaria es una de las exceptuadas por el Gobierno Nacional y está habilitada para funcionar. Hace algunas semanas, los productores de distintas regiones del país están alertando y denunciando el incremento de diferentes hechos de inseguridad en las propiedades rurales.
Los principales actos delictivos tienen que ver con la rotura de silobolsas, incendios intencionales, y abigeato. Lo paradójico ante esta situación es que se incrementaron la cantidad de hechos durante la cuarentena, cuando no debería haber circulación de personas. Es por esto que diferentes entidades y productores particulares piden un mayor involucramiento de la Justicia y el Estado.
El hecho de mayor trascendencia sucedió el martes por la tarde, en la localidad cordobesa de Oliva, cuando un incendio intencional ocasionó la pérdida total de treinta hectáreas de maíz y trigo, un tercio de un lote de cien hectáreas pertenecientes al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Raedemaeker.
"Hay mucha preocupación por estos hechos porque vienen sucediendo hace bastante tiempo y se van agravando. Esperemos que se frenen. Uno puede sospechar que la escalada de violencia puede ir creciendo hasta llegar a momentos que no sabemos en qué van a terminar. El pedido hacia el Gobierno nacional es que se detengan las acusaciones que viene padeciendo el sector porque pueden motivar algún tipo de reacción contraria de algunas personas que creen que con estas acciones están haciendo un bien. Pero como desde el gobierno le pegan al sector o al productor particular diciendo que es un envenenador serial, un especulador o que atenta contra la economía del país genera el clima adecuado para que estas cosas ocurran", argumentó Gabriel de Raedemaeker, en declaraciones a BCR News.
"Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a manifestarse, garantizando a sus ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos democráticos, para que reclamar sea un derecho de todos y no la potestad de unos pocos protegidos", reclamaron desde CRA, a través de un comunicado.
Otro de los hechos más alarmantes tiene que ver con la rotura de silobolsas, un flagelo que afecta principalmente a la provincia de Santa Fe, pero que también ocurre en otros sectores del país. La situación no es nueva y lo que más preocupa a las entidades rurales y a los productores es que el creciente número de casos podría estar directamente vinculado a "un odio ideológico hacia el campo".
"Es muy preocupante lo que está ocurriendo, mucho más en este marco de la cuarentena. Estamos trabajando con mucha profundidad ante estos actos de de inseguridad en el ámbito rural. Vemos que determinados actores o responsabilidades políticas están fogoneando un discurso contra el agro, contra los productores y la actividad misma en distintos ámbitos como legislativos, ejecutivos, etc. La preocupación del sector es que tal vez estos hechos tengan que ver con esas apreciaciones", aseguró el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Ignacio Mántaras.
"Salvo un caso muy grande de abigeato cerca de la ciudad de Santa Fe, no hay esclarecimiento de los hechos y esa falta de respuesta del Estado y de sus órganos genera un desanimo en las víctimas y muchos de ellos deciden no denunciar", explicó Mántaras. Y continuó: "No tenemos una estimación precisa de los daños, pero mientras no haya denuncias, la cuantificación de los casos siempre va a ser parcial".
Lo que tienen en común la mayoría de los casos es que hasta el momento muy pocos de ellos fueron esclarecidos por la justicia. Lo mismo ocurre a la hora de hablar de abigeato en los tambos y establecimientos ganaderos. "La preocupación más grande es que los delitos no se miden con la misma vara. Las autoridades hacen oídos sordos ante todo lo que ataña a la propiedad privada y la producción agropecuaria, sin darse cuenta de que están atentando contra el motor de la Argentina", señaló uno de los directores de Rosgan, Ángel Girardi.
"El abigeato es primo hermano de la faena clandestina, por ende esa hacienda que se roba y se faena en el campo ingresa en la cadena de manera ilegal y se comercializa en muchos negocios", analizó Girardi. Y continuó: "Todo esto se relaciona con la política del resentimiento y del desconocimiento de lo que es la vida rural y la unidad productiva. Falta un mayor accionar del poder legislativo y judicial, a tal punto que la gente está escaldada de ir a denunciar a las comisarías porque significa una pérdida de tiempo. Esas denuncias quedan en la nada y faltan fiscales para seguir los casos. Esto se combate con prevención, porque una vez que el hecho ocurre ya es tarde, hay que reforzar el patrullaje rural".
La realidad muestra un clima de inseguridad constante y la falta de respuesta de las autoridades frustra cada vez más a quienes se ven afectados por estos flagelos que atentan contra el sector agropecuario del país.
FUENTE: BCR NEWS
