CRA reclama al Gobierno seguridad y paz en la Patagonia

 En un comunicado Confederaciones Rurales Argentinas reclamó al Gobierno acciones concretas frente a los hechos vandálicos que sufren los habitantes del sur argentino.

"Desde hace aproximadamente diez años, la Patagonia, sus habitantes y sobre todo los productores, vienen sufriendo un sinnúmero de atentados, cortes de ruta, usurpaciones, incendios y delitos contra la propiedad, perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación Mapuche", indica CRA.

"Ante la gravedad de los hechos, primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad", señala la entidad en un duro comunicado.

En tanto que "tampoco la política ha puesto su atención sobre el tema y solo se observan tímidas manifestaciones de algunos políticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales".

Asimismo enfatiza CRA, "el Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos, mesas de diálogo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada".

La entidad indicó que la ley 26.160, ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia, esto, en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos, que la aludida norma dispone.

Asimismo, la Ley 26.160 estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública. Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias.