Regulaciones de la Unión Europea: por qué Argentina es la más expuesta entre los grandes exportadores de soja
El país enfrenta desafíos únicos como el principal exportador de harina de soja al mercado europeo, que ahora impone normativas ambientales para combatir la deforestación
La posición de Argentina como principal exportador mundial de harina de soja coloca al país en un punto de vulnerabilidad única frente a las nuevas regulaciones de la Unión Europea (UE), especialmente en lo que respecta a la deforestación y el comercio de productos derivados de zonas afectadas por este problema ambiental.
La UE, siendo el mayor importador global de harina de soja y un socio comercial estratégico para Argentina, importa significativamente más de este producto desde Argentina que de cualquier otro país no europeo.
En 2022, el 21% del volumen exportado de poroto, harina y aceite de soja argentino tuvo como destino la UE, superando ampliamente a otros grandes exportadores como Brasil, Paraguay y Estados Unidos.
Este año se destaca por la entrada en vigencia de la regulación 2023/1115 de la UE, que exige que ciertos productos importados no provengan de zonas deforestadas.
Argentina, cuyas exportaciones incluyen productos clave como la soja y derivados del ganado bovino, enfrenta desafíos significativos debido a esta normativa, ya que debe garantizar la trazabilidad y la geolocalización de sus productos para mantener su acceso al mercado europeo.
Además, el impacto de estas regulaciones no se limita solo a las exportaciones actuales.
La normativa también establece que para junio de 2025 se realizará una revisión de impacto que podría extenderse a otros productos como los biocombustibles, una categoría de exportación significativa para Argentina y que actualmente queda fuera de las restricciones de la norma.
En respuesta a estos desafíos, se ha lanzado el proyecto VISEC, una plataforma destinada a fortalecer la capacidad de la agroindustria argentina para asegurar que sus exportaciones cumplan con las nuevas demandas europeas.
Esta iniciativa es crucial para el futuro del sector sojero en Argentina, ya que permite una adaptación proactiva a un entorno regulador que se está volviendo cada vez más exigente.
