Esta apertura seguramente se traducirá en mejoras en calidad de producto, nuevos desarrollos de biocombustibles avanzados y otras aplicaciones, con las consecuentes inversiones en el sector que generarán más y mejores opciones para el consumidor.

Entendemos que este proceso es similar al que llevan a cabo el resto de países en la región y el mundo, pero remarcamos algunos puntos que se deberían considerar en la redacción final:

· La libre importación de biodiesel o materias primas para la elaboración de biodiesel, ahora permitidas, deben contar con la debida cláusula de reciprocidad con el resto de los países en cuestión.

· Entendemos importante se introduzca una política de "convergencia" con el Mercosur en cuanto a los mandatos de biocombustibles (especialmente con Brasil) en virtud de la integración y similitud que se pueda tener en el parque automotriz, y agroindustrial, por lo cual se puedan establecer cortes obligatorios de Biodiesel del 14% para este año 2024 y elevarlo al 15% para el 2025, pudiendo la autoridad de aplicación establecer un mínimo (en casos excepcionales y justificados) del 10% y elevarlo cuando se necesite acorde a las políticas de transición energéticas a adoptarse.

· Se debería corregir asimismo en el proyecto de ley, el artículo que elimina la no gravabilidad de los biocombustibles sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), establecido en la actual ley 27.240, hecho que igualaría a los biocombustibles con los combustibles fósiles en cuanto al objeto de estos impuestos, que es precisamente gravar aquellos combustibles que más contaminan y promover de ese modo una matriz energética más limpia sin premiar a los biocombustibles menos contaminantes que los reemplazan.

Consideramos que este punto se debe modificar de modo tal de reconocer taxativamente el aporte a la reducción de CO2 que realizan los biocombustibles. Esto sin desmedro que se pueda introducir a futuro un mercado de créditos de Carbono que premie las inversiones en reducción de emisiones que cada compañía o sector pueda realizar.

El Presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta considero que "es insólito que las industrias más competitivas sean discriminadas y estén paradas y el mercado se abastezca a precios altísimos de pocas empresas habilitadas por no tener un mercado libre .

Esa situación merma la competitividad de nuestra economía y es pagada por todos los habitantes de nuestro país. El proyecto de ley actual soluciona esta inequidad, le dará al consumidor un biocombustible de calidad y a precios razonables, promoviendo una industria competitiva y sustentable".

Las empresas socias de CARBIO representan el 70% de producción de biodiesel en Argentina, y el 100% de las exportaciones argentinas. El sector emplea a 3500 personas directamente, pero sumando a la industria de la molienda de soja se llegan a 22.500 directas y 53.500 indirectas.

Sin embargo, con el actual marco normativo, no permite la competencia y las empresas exportadoras tienen prohibido abastecer el mercado interno y por lo tanto se pierde la posibilidad de desarrollo tecnológico y de escala que permita tener biodiesel de mejor calidad a precios más competitivos para el consumidor argentino.