Durante la mañana del martes 14 de octubre se llevó a cabo la primera reunión informativa sobre el Proyecto de Ley de Buenas Prácticas Agrícolas para la Aplicación de Fitosanitarios, con la participación de las entidades que integran la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), junto con la Comisión de Agricultura y Ganadería y la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti, y contó con la presencia de cerca de 30 diputados, entre ellos Gustavo Giordano, Martín Ardohain, Pablo Ansaloni y Maximiliano Ferraro, quienes intercambiaron opiniones sobre la iniciativa. También participaron el secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, y representantes de Coninagro, CREA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Benedetti destacó que "este proyecto de ley no es una novedad en esta Cámara de Diputados, ya que ha tenido otros intentos y viene a responder a una necesidad postergada que es encontrar una ley que establezca presupuestos mínimos de cuidado ambiental, de protección a la salud y de posibilitar la producción agropecuaria para vastas regiones del país". Explicó además que "la ley es necesaria porque alguien puede pensar, o decir con razón, que es potestad de los distritos, de las jurisdicciones, de las regiones y provincias legislar en esta materia, pero la realidad es que tenemos un país federal y que hay distintas realidades en las diferentes regiones del país y que hay algunos lugares donde sí se ha abordado el tema, pero otros están totalmente desamparados y descuidados".

Por parte de la Red BPA, el Ingeniero Agrónomo Ramiro Cid, representante de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), precisó que el proyecto define diferentes zonas, entre ellas la zona sensible, que "es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola" -como pueblos, escuelas o áreas protegidas-; la zona de exclusión, donde tampoco se permiten aplicaciones; y la zona de amortiguamiento, adyacente a la anterior, que establece mayores requerimientos técnicos.

Luego, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba y titular de la Comisión Federal Fitosanitaria, afirmó que "es necesaria una ley nacional que fije y armonice los objetivos, principios y procesos" y agregó que "necesitamos un marco nacional de coordinación, no de uniformización, porque las provincias somos heterogéneas, ya que tenemos producciones, climas, realidades, poblaciones y organización territorial distintas".

El funcionario instó además a identificar a los diferentes actores involucrados -usuarios responsables, aplicadores, asesores fitosanitarios y expendedores- e instrumentar herramientas como la receta fitosanitaria, los registros correspondientes y las sanciones a las faltas en los procesos. En contraposición, consideró que "no es una ley de presupuestos mínimos, sino que se necesita una ley ordinaria que regule los aspectos generales y cotidianos de la vida social y económica".

Durante el debate, el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-Unidad) pidió que tengan voz quienes "estamos en contra" de la ley, entre otras cuestiones por "el uso de agrotóxicos en cercanía", y agregó: "Vamos a pedir que quienes sufren a diario vengan a exponer". En respuesta, Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza) expresó: "Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Ninguno de mis compañeros, en los 100 años que tiene historia nuestra bolsa de trabajo en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, se nos ha enfermado por manipular este tipo de cereal".

A su turno, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que "este debate no puede partir de prejuicios, sumado a que debe salir de falsas dicotomías que se presentan sin ningún tipo de seriedad o evidencia científica a la hora de debatir. Es por ello, que tenemos que establecer reglas muy claras para construir consensos para armonizar la producción con la salud y la protección ambiental". Respecto del proyecto, remarcó: "Con esta ley aspiramos a dar un paso más a la construcción necesaria de una agricultura mucho más moderna, competitiva y ambientalmente sostenible".

Por su parte, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, subrayó: "Es sumamente importante para nosotros tener previsibilidad, cosa que venimos solicitando a menudo. Un documento de estas características hace un gran aporte a esa previsibilidad que necesitan los productores".

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebraron el debate mediante un mensaje en redes sociales: "El Consejo Agroindustrial Argentino celebra el tratamiento en la Hon. Cámara de Diputados de la Nación del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Aplicación de Fitosanitarios. Un ordenamiento moderno y basado en la ciencia como el propuesto es vital para un desarrollo sustentable, productivo y federal en todo nuestro país".

Finalmente, desde FeArCA destacaron que "la presentación del Proyecto de Ley Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias representa un avance importante hacia la armonización de criterios técnicos y ambientales en todo el país". Sin embargo, advirtieron la necesidad de revisar la redacción referida a las condiciones ambientales de aplicación, especialmente los valores de humedad relativa mínima del 50% y temperatura ideal menor a 25°C.

Según la entidad, si esos valores se establecen como obligatorios en una ley, podrían generar limitaciones innecesarias y no reflejar el estado actual de la tecnología ni las prácticas de campo. "Hoy en día, los sistemas de pulverización -tanto terrestres como aéreos y con drones- permiten realizar aplicaciones seguras y de alta calidad incluso con humedades relativas menores al 50%, gracias al uso de tecnologías de control de deriva, selección de tamaño de gotas, aditivos específicos y equipamiento de precisión", sostuvieron.

En ese sentido, FeArCA propuso que la normativa no fije valores numéricos rígidos, sino que haga referencia a la necesidad de garantizar condiciones que minimicen el riesgo de deriva y maximicen la eficiencia de aplicación, dejando la definición de parámetros técnicos a la reglamentación complementaria -protocolos, resoluciones o manuales de buenas prácticas- que puedan ajustarse a los avances tecnológicos y a la diversidad de sistemas productivos.