El Gobierno Nacional avanza con su prometida transformación en la estructura del Estado. Es así que, a través del Decreto 462/2025, el Poder Ejecutivo dispuso que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dejará de ser un organismo autárquico y pasará a funcionar como un ente desconcentrado dentro del Ministerio de Economía.

A partir de esta modificación, el INTA dependerá directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque conservará sus funciones tradicionales en materia de investigación, innovación y asistencia técnica al sector agropecuario. No obstante, el decreto establece un cambio significativo en su conducción: el organismo será dirigido por un Presidente con rango de Secretario de Estado, asistido por un Consejo Técnico ad honorem, lo que implica una reformulación de su esquema de gobernanza.

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La norma firmada por el Ejecutivo justifica la medida en la necesidad de "adecuar la dirección del organismo", y señala que el INTA presenta un "notorio sobredimensionamiento de su estructura" así como "deficiencias sustantivas en el proceso de seguimiento y monitoreo de convenios". Estos argumentos se alinean con los objetivos de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilita al Gobierno a implementar reformas orientadas a reducir la burocracia estatal, optimizar recursos y fortalecer los mecanismos de control interno.

El decreto 462/2025, que redefine la estructura del INTA transformándolo en organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, no elimina ni modifica el rol de extensión técnica. Esto significa que las actividades relacionadas a la transferencia de tecnología, asistencia a productores y capacitación regional quedarán intactas y seguirán siendo parte del mandato del INTA.

Habrá cambios en cómo se gestionan estas tareas ya que la dirección del INTA, ahora a cargo de un Presidente con rango de Secretario de Estado, tendrá mayor responsabilidad directa sobre la planificación en extensión. El nuevo Consejo Técnico ad honorem asesorará sobre proyectos de investigación y extensión, permitiendo, en teoría, optimizar la coordinación y priorización de actividades de campo.

El decreto enfatiza mejorar el seguimiento y monitoreo de convenios, lo cual implica que los programas de extensión (muchos regulados por convenios con universidades, provincias y entidades privadas) tendrán controles más estrictos y rendición de cuentas para evitar duplicaciones, sobredimensionamiento y burocracia.

La reestructuración del INTA, fundado en 1956 y con fuerte presencia territorial en todo el país, representa un cambio profundo en el vínculo entre el Estado y el sistema científico-tecnológico del agro. Si bien desde el Gobierno aseguran que no se verá afectada la misión técnica del organismo, distintos sectores del ámbito agropecuario y científico observan con atención los posibles efectos de este rediseño institucional.