La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), presentó un informe que cuantifica el impacto económico que los derechos de exportación generan sobre los productores agrícolas de la provincia. Según el estudio, esta política fiscal -aplicada sistemáticamente en Argentina- ha privado al agro entrerriano de casi 7.000 millones de dólares en los últimos 15 años.

El documento analiza los efectos distorsivos que las retenciones provocan en cultivos clave como soja, maíz, trigo, sorgo y girasol. Estos tributos, trasladados al precio que reciben los productores en el mercado interno, reducen los ingresos de los actores del campo en contextos donde los márgenes productivos ya son ajustados.

Durante la campaña 2024/25, los productores de Entre Ríos dejaron de percibir cerca de 446 millones de dólares debido a los derechos de exportación. Aunque la reducción de alícuotas en esta campaña coincide con una proyección récord de producción de soja -la más alta en una década-, para la campaña 2025/26 se estima que, de repetirse los rendimientos promedio de los últimos cinco años, las pérdidas rondarían los 371 millones de dólares.

Sin embargo, el informe también destaca un leve alivio fiscal: la decisión del Estado Nacional de mantener la alícuota del 9,5% para trigo y cebada hasta marzo de 2026, lo que generaría un impacto positivo de unos 12 millones de dólares adicionales para los productores entrerrianos.

Un costo que se mide en tractores, ganado y galpones

La magnitud de los ingresos no percibidos en estos 15 años -unos 6.994 millones de dólares- equivale, según el informe, a la compra de aproximadamente 3.700 tractores, 479.000 vaquillonas con garantía de preñez, o más de 1.500 galpones avícolas modernos por campaña. Estos datos reflejan el costo de oportunidad que enfrentan los productores al verse obligados a resignar inversiones clave para la modernización y expansión del sector.

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Un aspecto crítico señalado en el informe es que los derechos de exportación son recaudados por el Estado Nacional y no son coparticipables, lo que significa que los fondos no retornan a las provincias ni a los municipios. Esta transferencia de ingresos limita la capacidad de inversión en infraestructura rural, caminos, asistencia técnica y servicios básicos, que sí dependen de presupuestos provinciales y locales.

"El productor entrerriano recibe precios menores a los internacionales, independientemente del destino final de su producción. Esta distorsión ha perjudicado seriamente la capacidad de inversión, desarrollo territorial y competitividad del agro en la provincia", sostiene el informe.

Un freno al desarrollo local

"Por la presencia de los DEX, los productores reciben precios menores a los internacionales para su producción, sea cual sea su destino. La distorsión de precios generada por este tributo, que a lo largo de las últimas 15 campañas ha privado al agro provincial de casi 7.000 millones de dólares, lo cual afecta la capacidad de inversión, de modernización, de desarrollo territorial y a la competitividad del productor entrerriano", indica el informe.

La BolsaCER y la UNER advierten que los casi 500 millones de dólares por campaña que el agro entrerriano deja de percibir podrían tener un efecto multiplicador en la economía local. Estos recursos permitirían mejorar la eficiencia y sustentabilidad del sistema productivo, fomentar el agregado de valor, dinamizar las cadenas agroindustriales, y fortalecer el empleo rural. Todo esto contribuiría al arraigo de los jóvenes en sus comunidades, evitando la migración forzada hacia las grandes ciudades.

Además, un agro más dinámico potenciaría la recaudación y planificación fiscal de los gobiernos locales, permitiendo inversiones en obras estratégicas como caminos rurales, clave para mejorar la logística y la competitividad de los productos entrerrianos.