El Gobierno envió al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que combina reformas laborales y estímulos productivos para atraer inversiones y generar empleo formal. La propuesta incluye medidas específicas para el sector agroindustrial, como reducción del IVA en energía para riego, desgravación de exportaciones PyME y un nuevo régimen de prenda digital que facilitará el acceso al crédito rural.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una iniciativa que busca "modernizar el régimen laboral, fomentar la contratación formal y dinamizar la economía productiva", según detalla el texto oficial presentado bajo el lema "Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".

El proyecto forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei pretende consolidar tras la sanción de la Ley Bases y contempla cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo, así como nuevos regímenes de incentivos fiscales y productivos.

Modernización laboral

Entre los principales puntos, el proyecto propone actualizar varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), otorgando mayor flexibilidad en las modalidades de prestación laboral, en la organización del trabajo y en las formas de pago.

Se redefinen conceptos como la irrenunciabilidad de derechos, las facultades disciplinarias del empleador y los beneficios sociales no remunerativos, además de incorporar la posibilidad de emitir recibos electrónicos de haberes y conservar documentación en formato digital.

También se habilita que las vacaciones puedan fraccionarse en períodos de una semana y que las convenciones colectivas adapten las jornadas laborales a los cambios productivos mediante bancos de horas o esquemas flexibles.

Otro punto destacado es la creación de un registro de médicos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que intervendrá en casos de certificados de enfermedad cuestionados por los empleadores.

Incentivos al empleo y al sector privado

El Título II establece un Bono de Crédito Fiscal para Nuevos Empleos, mediante el cual las empresas que incorporen trabajadores podrán descontar un porcentaje de las contribuciones patronales. Las microempresas accederán al 100% del beneficio durante 12 meses, mientras que las pequeñas, medianas y grandes obtendrán reducciones del 75%, 50% y 25% respectivamente.

El régimen también prevé un programa especial para empleados que provengan del sector público, con la posibilidad de que las provincias y municipios adhieran mediante reducciones impositivas locales.

Además, se implementa un sistema de "empalme" que suspende los planes sociales de quienes consigan empleo formal durante un período de hasta 13 meses, con la baja definitiva si se mantiene la relación laboral.

Fomento a las inversiones productivas

En el Título III, la ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), inspirado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros. El programa contempla amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y beneficios fiscales para inversiones productivas superiores a montos mínimos establecidos según el tamaño de la empresa. También se incluyen medidas específicas para el sector agroindustrial, como la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la energía eléctrica destinada a riego, y la desgravación de derechos de exportación para las PyMEs industriales que incrementen sus ventas al exterior hasta 2026.

Nuevo régimen de prenda y simplificación normativa

Otro punto relevante es la unificación del régimen de prenda con registro, que reemplazará las leyes 9.664 y 15.348/46, simplificando la constitución y ejecución de garantías sobre bienes muebles, semovientes y productos agrícolas.

La normativa permite trámites digitales, registro nacional electrónico y certificaciones con valor ejecutivo, buscando agilizar el acceso al crédito productivo.

Un proyecto integral

En sus fundamentos, el texto señala que la reforma "pretende institucionalizar un modelo económico que actualice las condiciones laborales, promueva la contratación formal y potencie las inversiones medianas en todo el territorio nacional".

El proyecto -denominado oficialmente Ley de Promoción de Inversiones y Empleo- será debatido en el Congreso en las próximas semanas y se presenta como una pieza clave del plan de desregulación y estímulo económico del gobierno liberal.