Claudio Molina, analista de bioenergías y ferrocarriles, dialogó con Chacra sobre el presente de los biocombustibles en el país. Según explicó, el panorama actual es preocupante, especialmente para el biodiésel. "En el caso de biodiésel, se proyecta para este año la tercera producción más baja de la historia", afirmó Molina, y explicó que esto se debe a que "la Secretaría de Energía viene fijando precios por debajo de los costos de producción, contrariando lo que establece la Ley 27.640". A esto se suman, dijo, "condiciones adversas para exportar a la Unión Europea", lo que llevó a que "las fábricas que abastecen el mercado local estén prácticamente paradas en octubre de 2025".

En contraste, el especialista destacó que el panorama del bioetanol es más favorable. "Si bien los precios están atrasados, la mezcla obligatoria real está en el orden del 11,5 %, muy cerca del porcentaje legal del 12 %. Además, han aumentado las exportaciones, especialmente hacia la Unión Europea."

De una industria inexistente a una capacidad instalada ociosa

Cabe destacar que la Ley N.º 26.093, sancionada en abril de 2006, marcó un hito en la política energética argentina al establecer el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Su objetivo fue fomentar la producción de combustibles renovables derivados de materias primas agrícolas, como maíz, soja o caña de azúcar, con el propósito de diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los hidrocarburos y promover el desarrollo regional.

Molina recordó que la sanción de la primera Ley de Biocombustibles en 2006 fue el punto de partida para el desarrollo de una nueva industria. "Se construyó una capacidad instalada muy importante para atender la mezcla obligatoria en el mercado interno, con posibilidad de abastecer cortes mínimos del 15 %", explicó.

Sin embargo, advirtió que "los cambios permanentes de reglas de juego y las sanciones externas mal concebidas afectaron gravemente a la industria argentina de biocombustibles".

Un papel clave en la diversificación energética

El especialista resaltó que los biocombustibles "constituyen un factor importante para la diversificación en el transporte", en un país donde "cerca del 88% de la matriz energética es de origen fósil" y agregó que "las emisiones contaminantes del uso de combustibles minerales son muy dañinas para el medio ambiente y la salud pública", al tiempo que destacó el valor agregado que generan los biocombustibles en las economías regionales y su aporte a la sustitución de importaciones.

Impacto de la coyuntura internacional

Respecto del contexto global, Molina sostuvo que "las imperfecciones de la economía mundial afectan la sostenibilidad del comercio exterior de combustibles". Según explicó, los precios internacionales más bajos "han vuelto menos competitivos a los biocombustibles, mientras que las materias primas biológicas se han desacoplado del precio del petróleo".

Un marco regulatorio sin incentivos

En 2021, al vencer el régimen de promoción anterior, el Congreso Nacional aprobó la Ley N.º 27.640, que estableció un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. Esta norma mantuvo la obligación de mezclar biocombustibles con combustibles fósiles, pero redefinió los porcentajes y la estructura del mercado interno. El nuevo régimen fijó un corte obligatorio mínimo del 12% de bioetanol en las naftas, compuesto en partes iguales por bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz, y un corte del 5% de biodiésel en el gasoil, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique temporalmente esos niveles según las condiciones del mercado o la disponibilidad del producto.

La Ley 27.640 también otorgó prioridad a las pequeñas y medianas empresas en la provisión de biocombustibles para el mercado interno y mantuvo la intervención de la Secretaría de Energía en la regulación del sector. Su objetivo principal fue garantizar la sustentabilidad ambiental y la seguridad energética, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo industrial y tecnológico nacional.

Consultado sobre la Ley 27.640, vigente desde 2021, Molina fue crítico: "Se trata de un marco regulatorio no promocional, a diferencia de la ley anterior" y explicó que "redujo el contenido obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10 al 5 %, una medida inconstitucional considerando los compromisos internacionales del país".

Agregó que, si bien "la Resolución 438/22 elevó el corte al 7,5 %", el nivel actual de mezcla "está por debajo del 6 %". En el caso del bioetanol, "la mezcla obligatoria del 12% se cumple casi en su totalidad".

Diferencias con la ley anterior

Según Molina, "la ley vigente tiene un plazo menor, de nueve años contra quince de la anterior, y no otorga beneficios ni promoción a las pymes ni a los productores agropecuarios". Además, señaló que "prohíbe a las empresas hidrocarburíferas y grandes procesadoras abastecer la mezcla obligatoria, lo cual también es inconstitucional".

Debate legislativo y futuro incierto

El analista explicó que actualmente "se debaten proyectos en el Senado y en Diputados con visiones contrapuestas". Por un lado, el texto impulsado por la senadora Alejandra Vigo y la Liga Bioenergética de Provincias, y por otro, "un anteproyecto de la Secretaría de Energía que se contrapone al anterior". "Son proyectos bastante antagónicos", resumió Molina.

Precios, demanda y capacidad ociosa

Sobre la fijación de precios, indicó que "deberían calcularse con fórmulas polinómicas asociadas a costos y rentabilidad razonable, pero esto no se cumple". En el caso del biodiésel, "el desvío es mucho más pronunciado".

La demanda interna, agregó, "se vio afectada por la caída del consumo y por el incumplimiento de la Secretaría de Energía en la publicación de precios correctos". A futuro, anticipó mejores perspectivas para el bioetanol que para el biodiésel.

Finalmente, Molina advirtió que la industria opera con niveles muy altos de capacidad ociosa: "En biodiésel es enorme, alrededor del 77 % del total, unas 3 millones de toneladas anuales. En bioetanol, la ociosidad ronda el 19 %".

Para el especialista, la conclusión es clara: "Hubo un estancamiento por la falta de cumplimiento de las reglas de juego y la demora en sancionar una nueva ley" y señaló que "este problema afecta muy negativamente a las inversiones y al desarrollo del sector".