Esta mañana en el partido de 9 de Julio productores agropecuarios, vecinos y transportistas de diversas localidades se manifestaron frente al Palacio Municipal para visibilizar el hartazgo acumulado tras meses de inundaciones y la inacción del gobierno municipal. La tensión aumentó cuando los productores ingresaron al municipio y enfrentaron a funcionarios del gabinete local. 

La consigna fue clara, exigir soluciones urgentes frente a los campos anegados y la imposibilidad de sacar la producción debido a la falta de obras hídricas y el deterioro de los caminos rurales. Denunciaron que las inundaciones afectan al día de hoy miles de hectáreas y paralizan la actividad, mientras que los fondos de la tasa vial no se ven reflejados en mejoras. 

Los manifestantes señalaron que la situación hídrica es crítica ya que hay lotes con pérdidas totales y la lechería está prácticamente paralizada ya que no pueden ingresar a sacar la producción. "Estamos perdiendo todo y la municipalidad no hace nada", expresó un productor de Carlos María Naón.

El eje del reclamo fue el uso de la tasa vial, la cual según los productores recaudó millones en los últimos años sin destinarse al mantenimiento de caminos ni a obras de canalización. "Pagamos impuestos y no vemos una máquina en meses. Los caminos están destruidos y el agua no tiene salida", advirtieron. 

Los dirigentes rurales que acompañaron la movilización remarcaron que la situación no es nueva, sino que se repite con cada período de lluvias intensas. Y los productores advirtieron que, si no hay respuestas concretas en los próximos días, se radicalizarán las medidas de fuerza, además advirtieron que no descartan cortes de ruta ni más movilizaciones. 

Denuncia penal 

La protesta derivó en una denuncia penal contra la Intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y el Intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en su carácter de autoridades del Comité de Cuenca A3 del Río Salado. La denuncia se basa en presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión en la gestión de la emergencia hídrica. 

En la causa que quedó radicada en la fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen se acusa a los funcionarios de estrago por inundación, omisión impropia e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 186, 189 y 248 del Código Penal). 

Área afectada 

Según un informe presentado el 11 de septiembre por CARBAP, se estima que casi 1,5 millones de hectáreas están comprometidas en el centro de la provincia de Buenos Aires. Esta cifra se eleva a 2 millones al considerar toda la cuenca del Río Salado. Si se incluye la superficie no inundada pero afectada por la imposibilidad de ser trabajada debido a la falta de piso para la maquinaria o la inaccesibilidad, y que presenta riesgos para la producción, la cifra supera los 3 millones de hectáreas. 

La movilización en 9 de Julio deja en evidencia la realidad que afecta a miles de productores a nivel nacional, la falta de respuesta frente a las emergencias del sector que no solo amenaza la producción, sino también el sustento de cientos de familias. La situación plantea un desafío urgente para encontrar soluciones efectivas que permitan equilibrar la gestión pública con las necesidades reales del campo y evitar que los conflictos se profundicen.