Las protestas de campesinos y transportistas que se extienden por gran parte del país revelan una crisis profunda y sostenida en el sector agropecuario mexicano. Bloqueos de rutas, toma de casetas, marchas con maquinaria agrícola y cierres de accesos estratégicos evidencian el nivel de tensión que atraviesa el campo, afectado por la caída de los ingresos, la inseguridad en las rutas y la falta de apoyos oficiales.

Productores de maíz, sorgo y frijol, acompañados por organizaciones de transportistas, aseguran que los costos de producción se han vuelto insostenibles. Reclaman que los precios ofrecidos por el gobierno están lejos de cubrir la inversión necesaria para producir una hectárea y señalan que la importación de granos a precios más bajos presiona aún más al mercado interno. La situación se agrava, dicen, por las restricciones al uso de semillas mejoradas, mientras que México continúa importando maíz producido con esas tecnologías. Para muchos de ellos, producir hoy resulta más caro que vender.

A la crisis económica se suma la inseguridad creciente en rutas y zonas rurales. Transportistas acusan un incremento en los robos, extorsiones y ataques en rutas que conectan los principales polos productivos, lo que encarece la logística, frena los traslados y eleva las pérdidas por mercancía robada. En algunos estados, productores aseguran que han dejado de mover carga de noche por temor a ser atacados.

En el plano político, el senador Ricardo Anaya apuntó directamente al gobierno federal al afirmar que las protestas no responden a intereses partidistas, sino al deterioro acumulado en el campo y la infraestructura vial. Según advirtió, el presupuesto destinado al sector cayó de manera drástica durante la última década: mientras en 2015, actualizado a valores de 2025, rondaba los 128 mil millones de pesos, en la actualidad se ubica en torno a los 75 mil millones. Para el legislador, esta reducción ha dejado a los campesinos sin el respaldo necesario para enfrentar un mercado volátil y crecientes costos de producción.

Otro factor que tensó el clima rural es la discusión por los cambios en la Ley de Aguas Nacionales, que muchos productores consideran una amenaza para el acceso al recurso hídrico. Organizaciones agrícolas sostienen que la reforma podría restringir permisos de riego y poner en riesgo la viabilidad de cultivos en regiones que dependen totalmente de la disponibilidad de agua.

El clima de tensión escaló esta semana, cuando representantes de los campesinos y transportistas abandonaron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras más de cuatro horas de negociación sin lograr acuerdos. El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), declarando que no había "voluntad política", anunció que los bloqueos se mantendrían y que lanzarían una consulta interna entre sus miembros para definir los pasos a seguir. A su vez, la Segob informó que, pese a los llamados al diálogo, los bloqueos no sólo se mantuvieron, sino que se incrementaron, generando afectaciones al tránsito de mercancías, ambulancias y servicios de emergencia.

Los manifestantes reclaman que sus cosechas sean compradas al 100% del costo de producción más un 30% de utilidad -muy por encima de la oferta gubernamental, que contemplaba un pago equivalente al 50% de la producción. Según los agricultores, ese diferencial resulta fundamental para hacer rentable la siembra, pagar insumos y deudas con proveedores. En plena temporada de cosecha, muchos advierten que sin un precio justo corren riesgo de quiebra.

Mientras tanto, el despliegue de los manifestantes continúa: persistiendo bloqueos en vías clave del país -casetas en carreteras nacionales, autopistas hacia y desde la capital, puentes fronterizos, rutas hacia zonas rurales agrícolas. Las principales entidades afectadas incluyen estados del Bajío, norte y centro de México.

La movilización pone en evidencia un malestar extendido, teñido por la falta de respuestas contundentes y una percepción de abandono estructural del campo. Para muchos del sector, lo que hoy atraviesan no es una crisis pasajera, sino el colapso lento de décadas de políticas insuficientes, recortes presupuestarios, regulaciones contradictorias y falta de seguridad. Las demandas -precios justos, seguridad, acceso al agua, apoyos reales- se traducen hoy en cortes de ruta, tensión política y un formidable desafío para la política agropecuaria nacional.

Tras varias mesas de diálogo con autoridades federales, los representantes del sector aseguran que no hubo acuerdos concretos. Anunciaron, además, que los bloqueos continuarán y podrían intensificarse en los próximos días si no se atienden sus demandas. Mientras tanto, la tensión crece en los principales corredores logísticos del país y el conflicto amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para la política agropecuaria mexicana en los últimos años.