El lunes, cuando se anunció la suspensión provisoria de retenciones a las exportaciones de granos, el Gobierno fijó dos plazos de vencimiento posibles: el 31 de octubre o el momento en que se alcanzara el cupo de USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). Apenas tres días después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que la meta fue alcanzada y el beneficio dejó de estar vigente.

La presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, fue categórica al respecto. "Sostenemos lo que dijimos el lunes: es una medida tomada no pensando en el sector productivo ni en incentivar la producción agropecuaria, sino de corte netamente económico y por las necesidades del país. Además, perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad y no nos permite a los productores decidir y planificar mejor", señaló.

Sarnari subrayó que los pequeños y medianos productores no se vieron alcanzados por el esquema transitorio. "No fuimos beneficiarios de esa medida, porque ya no teníamos la cosecha del año pasado y aquellos que todavía podían tener algún grano reservado, tampoco lograron aprovechar el beneficio en tan corto plazo", afirmó.

La titular de FAA aclaró que no se trata de una disputa dentro de la cadena agroindustrial, sino de reclamar previsibilidad al Estado. "Lo que necesitamos es que haya claridad, para que la cadena también tenga claridad intracadena", expresó. Y, en relación a una posible reapertura del diálogo sobre retenciones, recordó que el presidente había escuchado los planteos de la Mesa de Enlace en julio, durante la exposición rural. "Entendemos que fue una medida de urgencia, porque la Argentina necesitaba dólares inmediatos, pero seguiremos trabajando para que la baja de retenciones sea gradual y, sobre todo, definitiva", agregó.

En paralelo, la Federación Agraria desarrolla hoy su congreso anual en Rosario. Allí, los productores debatirán sobre las principales problemáticas que enfrentan las economías regionales. "Tenemos mucha diversidad en la representatividad, pero lo que nos atraviesa a todos es la alta carga impositiva, la falta de reglas claras y de una política agropecuaria integral", explicó la titular de FAA y agregó que "también preocupa la falta de infraestructura.

Desde la Sociedad Rural de Rosario también hubo críticas. En un comunicado, la entidad manifestó "preocupación respecto a la aplicación del Decreto 682/2025", al considerar que el beneficio se agotó en pocas horas y quedó concentrado en manos de un reducido grupo de grandes exportadores. "La enorme mayoría de los productores primarios y medianos quedó al margen de este beneficio. En lugar de ser un guiño al campo, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día", plantearon.

En ese sentido, remarcaron que las políticas públicas deben diseñarse con criterios de equidad y alcance real a toda la cadena agroproductiva. "Es fundamental garantizar igualdad de oportunidades y evitar que los beneficios se concentren en unos pocos actores", concluyeron.