Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno restituyó las normas que preservan la estructura del INTA y el INTI
El presidente Javier Milei firmó un decreto que restituye la vigencia de normas derogadas por los DNU rechazados por el Congreso. La medida busca evitar un "vacío normativo" y garantizar la continuidad de los organismos estatales afectados.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 627/2025, publicado este 3 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso restablecer la plena vigencia de normas derogadas o modificadas por los decretos 345, 351, 461 y 462 dictados entre mayo y julio de este año y que fueron rechazados por ambas Cámaras del Congreso a fines de agosto.
El Gobierno argumentó que el rechazo legislativo provocó un "vacío normativo de extrema gravedad" que afecta la seguridad jurídica y el funcionamiento de la administración pública nacional. En consecuencia, el decreto firmado en acuerdo general de ministros restituye de manera expresa las disposiciones previas a la sanción de los DNU cuestionados.
Entre los organismos alcanzados por la medida se encuentran el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el INTA, el INTI, el INPI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad Nacional, la CNRT, la Junta de Seguridad en el Transporte, además de entidades culturales como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión de Monumentos, entre otros.
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El decreto establece que, hasta que se adecuen las partidas presupuestarias y se normalice la estructura de los organismos, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brindarán apoyo transitorio en materia financiera, administrativa y legal.
Asimismo, se instruye a las jurisdicciones competentes a dictar los actos necesarios para garantizar la operatividad de las instituciones y se dispone dar cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
La decisión se justifica en la necesidad de evitar "disfuncionalidades graves" y preservar la continuidad del Estado, en un contexto en el que el Ejecutivo advirtió que el rechazo parlamentario sin un marco de reemplazo generó incertidumbre jurídica.
El Decreto 627/2025 entró en vigencia inmediatamente con su publicación en el Boletín Oficial.
