Desde el año 2001 rige en la provincia de Santa Fe una prohibición para aplicar –tanto de manera aérea como terrestre– el herbicida 2,4D en su formulación éster isobutílico durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de marzo en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier.

Pero ahora –por medio de la resolución 135/15– las autoridades del Ministerio de la Producción de Santa Fe prohibieron la aplicación en todo el territorio provincial de 2,4D en su formulación éster isobutílico.

También se prohíbe –según indica la resolución– la aplicación aérea de 2,4D en su formulación sal dimetil amina (menos volátil) “dentro del radio de 6000 metros de las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como así de pozos de extracción de agua para consumo humano, sin excepción”. Dicha restricción, para aplicaciones terrestres, se fijó en un radio de 1000 metros.

En los fundamentos de la medida se señala que “está comprobado científicamente que la exposición crónica al 2,4D en cualquiera de sus formulaciones ha provocado alteraciones en la reproducción y desarrollo de animales de laboratorio”.

También se indica que el uso de formulaciones éster isobutílico de 2,4 D está prohibido o restringido, con ciertas excepciones, en las provincias de Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos y en los departamentos Capital, Totoral y Río Primero de Córdoba. Y que las aplicaciones aéreas están totalmente prohibidas para cualquier formulación en Chaco, Entre Ríos y en los departamentos Capital, Colón, Totoral y Río Primero de Córdoba.

“En el territorio provincial (santafesino) existen 36 localidades que cuentan con ordenanzas municipales/comunales que restringen o prohíben el uso del herbicida 2,4D formulado como éster isobutílico”, señala la resolución 135/15. “El Plan Estratégico Provincial incluye entre sus Proyectos el de Control del Uso de Productos Fitosanitarios a través de acciones concertadas entre actores estatales y la sociedad civil para una sustentabilidad de los sistemas productivos que no genere impactos indeseados en la calidad ambiental y en la salud de las poblaciones”, añade.

La medida se tomó a partir de un reclamo administrativo presentado en abril de 2014 por las ONGs Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y Conciencia Solidaria.