Productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires encendieron señales de preocupación tras la recepción de notificaciones oficiales que los obligan a inscribirse como "usuarios del recurso hídrico" en un plazo perentorio. La medida, impulsada por la Autoridad del Agua (ADA), generó cuestionamientos por su oportunidad y posibles implicancias fiscales.

Según advirtió la Sociedad Rural de Pergamino en un comunicado dirigido a sus asociados, en los últimos días numerosos productores comenzaron a recibir cédulas de notificación exprés. En ellas, se los intima a registrarse en un plazo de cinco días hábiles, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, la inscripción se realizará de oficio.

Desde la entidad ruralista señalaron que la disposición se apoya en la Ley de Aguas 12.257, vigente desde 1999, aunque consideraron que su aplicación actual resulta "inexplicable, confusa e inoportuna". El malestar se profundiza en un contexto marcado por excesos hídricos, que ya generan complicaciones operativas y pérdidas económicas en distintas regiones productivas. "Entendemos que esta medida llega en un momento crítico para muchos productores", indicaron desde la institución, al tiempo que advirtieron sobre la posibilidad de que este registro sea la antesala de "una nueva carga fiscal encubierta" y un incremento en los niveles de burocracia para el sector.

El malestar se profundiza en un contexto marcado por excesos hídricos, que ya generan complicaciones operativas y pérdidas económicas en distintas regiones productivas.

Ante este escenario, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) inició gestiones con funcionarios del organismo provincial para esclarecer el alcance de la medida y los objetivos del registro. En paralelo, las entidades rurales trabajan junto a asesores legales en la evaluación de posibles acciones colectivas y en la construcción de una estrategia unificada.

Mientras continúan las negociaciones, desde las organizaciones aseguraron que mantendrán informados a los productores sobre los avances y los pasos a seguir, en un conflicto que suma tensión a la relación entre el sector agropecuario y los organismos regulatorios en la provincia.