Hasta las elecciones del 27 de octubre, el tenor de las declaraciones públicas que realicen los referentes políticos de las alianzas con más chances de ganar los comicios provocará tanto tranquilidad como inquietud.

Un ejemplo de ello es el sobresalto que generaron en el sector agropecuario las manifestaciones de Felipe Solá, integrante de la mesa chica del candidato a presidente Alberto Fernández, sobre la posibilidad de implementar controles estatales en el comercio de trigo, a través de la recreación de la Junta Nacional de Granos en un futuro gobierno del Frente para Todos.

Sucede que cualquier indicio de mayor intervención del Estado en el mercado agrícola significará erosionar la competitividad que alcanzó el sector exportador argentino en los últimos 25 años.

A diferencia del siglo 20, cuando el comercio mundial de alimentos tenía una alta participación de entes gubernamentales, en la actualidad las transacciones son entre privados y avaladas por los acuerdos internacionales.

Salvo raras excepciones, donde el Estado aún interviene en la comercialización agrícola, el patrón que rige las transacciones internacionales de alimentos es el de oferta y demanda.

La Junta Nacional de Granos dejó de existir en la Argentina en 1991, pero en algunos países desarrollados su vigencia se mantuvo hasta este siglo.

Dos ejemplos

Australia y Canadá, dos jugadores de gran trayectoria en el comercio triguero mundial, fueron los últimos en privatizar estos modelos de intervención estatal.

Luego de la depresión financiera de 1929, y en un intento por regular el precio del trigo ante la caída de su valor internacional, Australia creó la Australian Wheat Board Limited o Junta Australiana del Trigo (AWB Limited).

Durante 70 años, fue un organismo gubernamental encargado del comercio del cereal, hasta que el 1 de julio de 1999 se transformó en una empresa privada, propiedad de los productores de trigo.

En 2010, AWB fue adquirida por la firma canadiense Agrium y en 2011 Cargill Australia compró el negocio de comercialización, originación y almacenamiento de Agrium.

En 2005, una denuncia de corrupción contra la AWB, por haber pagado sobornos para vender trigo a cambio de petróleo a Irak, país que estaba sancionado por las Naciones Unidas por la invasión a Kuwait, le quitó la potestad de ser la ventanilla única para la adquisición de trigo australiano.

Canadá, tercer exportador mundial de trigo, también pasó por el modelo de intervención estatal en su comercio, pero este también terminó en manos de empresas privadas.

La Junta Canadiense de Trigo (CWB, según sus siglas en inglés), fue creada en 1935 y tenía como función ser el único comprador autorizado para trigo y cebada en algunas provincias del oeste de ese país. Sin embargo, el Gobierno le quitó en 2012 esa facultad, hasta su privatización total en 2016.

¿Las razones del cambio? Al ser el único comprador de trigo autorizado, los productores canadienses comenzaron a quejarse porque pretendían obtener mejores precios por la competencia entre compradores, además de cuestionar el gasto que significaba el funcionamiento del organismo.

Sin regulaciones comerciales, en los últimos tres años el trigo fue el cultivo que más creció en el país. Si se compara el promedio de la superficie cultivada en las últimas tres campañas respecto del promedio de las primeras siete del decenio, el crecimiento es de 48 por ciento, según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Un ejemplo de cómo las declaraciones y los hechos aportan seguridad.

Fuente: AgroVoz