El Gobierno Nacional no estaría dando su consentimiento para prorrogar por un año más la Emergencia Frutícola, una Ley que definía importantes beneficios fiscales para toda la actividad y que estaba en marcha desde la temporada 2017 para todo el sistema.

Las tres prórrogas anteriores se definieron entre marzo y abril del año de vencimiento. Según el último decreto, la medida en curso llega hasta el 30 de mayo de 2020. Luego de esa fecha, cae la Ley y con ella sus beneficios.

La crisis económica que está padeciendo el país, producto del Covid-19, dejó a todo el sector de alimentos en una mejor posición respecto de otras actividades. A su vez el Estado se encuentra con cada vez menos recursos para poder repartir en esta pandemia que afecta seriamente a todo el motor de la economía del país. Con estos argumentos están trabajando los técnicos de Agricultura y Producción de la Nación para definir el futuro de esta Ley de Emergencia especial para el sector frutícola.

En la última reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara Alta, que funcionó de forma virtual el 7 de mayo, el senador nacional por Río Negro, Alberto Weretilneck, consultó al ministro Luis Basterra sobre este tema, contestando que "la prórroga de la Emergencia está bajo análisis. Una cosa es antes de la pandemia y otra ahora". Agregó que su cartera está "proponiendo que se prorrogue".

Si bien el peso de Basterra es importante en este tipo de definiciones, quien tiene la palabra final dentro de Gabinete es el ministro de la Producción, Matías Kulfas, y la titular del a AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Mañana a las 16 la comisión de Economías Regionales del Congreso de la Nación tendrá una reunión clave con el ministro Kulfas en donde posiblemente se terminará de definir el futuro de la Ley de Emergencia Frutícola.

"La fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén está funcionando muy bien y la estadística comercial así lo determina. Crecieron las exportaciones, récords de ventas en el mercado interno y la industria juguera aumentando sus colocaciones. Hay muchas actividades que están cerradas y presentan quebrantos importantes. El Gobierno tiene que pensar muy bien como distribuye sus recursos", confió un asesor allegado a Producción al ser consultado por el tema.

Cabe recordar que la Ley está vigente desde la temporada 2017 y de aprobarse sería su cuarta prórroga. Según datos del sector privado el stock de deuda con la AFIP en este período, en el que el organismo recaudador le permitió postergar pagos de seguridad social a las empresas y productores, se ubicaría en torno a los 3.800 millones de pesos.

"No tenemos ninguna respuesta todavía del Gobierno, pero somos optimistas ya que los ministros que están involucrados en el tema saben que la fruticultura se encuentra en una crisis estructural que necesita de esta ayuda", remarcó el presidente de la CAFI, Agustín Argibay.

Agregó que "sería un golpe muy duro para el sector no prorrogarla ya que se juntarían pagos pasados con los presentes, algo que sería muy complejo para enfrentar para todos".

Fuente : Javier Lojo