Brasil : resolución legitima violencia en el campo
La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil presentó esta semana una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir la validez de una resolución del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). En la práctica, el instrumento elimina la autonomía del juez en el análisis de los conflictos de tierras.
La resolución número 510 de la CNJ, publicada el 26 de junio, regula la creación de una comisión nacional y comisiones regionales para mediar en conflictos de tierras.
La CNA solicita la inconstitucionalidad del apartado de la resolución que establece que medidas como visitas técnicas, promoción de audiencias públicas e interacciones con movimientos sociales pueden adoptarse de manera autónoma, en paralelo a las funciones del juez e independientemente de su decisión como juez natural de la acción posesoria.
De esta forma, la CNA, a través de la acción, defiende la declaración de inconstitucionalidad de la resolución para garantizar la seguridad jurídica en la materia y el respeto a los principios constitucionales.
El asesor legal de la CNA, Rodrigo Kauffmann, dice que el instrumento debilita la posición del productor rural. Espera que, con la medida solicitada por la CNA, suspendiendo la medida hasta que el STF valore el fondo, "las acciones posesorias en Brasil tendrán su desarrollo normal y las decisiones se cumplirán lo antes posible".
En la acción, la Confederación advierte que, de no ser acogida la solicitud de suspensión, la medida "se convertirá en causa de actos abusivos de despojo de tierras y ataques al Estado Democrático de Derecho, atendiendo únicamente a la Resolución CNJ nº 510/2023 como marco legitimador de las acciones de violencia en el campo".
"Serán necesariamente prácticas para alentar el acto de despojo y mitigar las responsabilidades civiles y penales de los invasores". ¿Cómo todo empezo?
El abogado especialista en derecho agrario, Francisco Torma, realizó, a pedido del portal A Granja Total Agro, un rescate sobre cómo surgió la Resolución 510 de la CNJ.
Advierte que de mantenerse este instrumento, "podemos vivir situaciones en las que el activismo judicial lesione el derecho de propiedad". También dice que la invasión es un delito y debe ser rechazada de inmediato. "En estos casos, no entiendo que tenga sentido poner a la víctima y al criminal a hablar en una habitación y discutir la mejor salida".
