La situación del frigorífico Devesa, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, es un termómetro del momento crítico que atraviesa la industria cárnica argentina. La firma despidió a 40 trabajadores en los últimos días y no se descarta que esa cifra ascienda a 150 en las próximas semanas, según fuentes gremiales y empresariales.

Los despidos se produjeron en un contexto de desplome tanto en el mercado interno como en el frente exportador. El consumo de carne en el país acumula ya 16 meses consecutivos de caída, mientras que las exportaciones bajaron un 20% respecto al año pasado.

Uno de los golpes más duros fue la reciente pérdida del mercado mexicano. A comienzos de marzo, el servicio sanitario de ese país (Senasica) suspendió la compra de carne argentina a diez frigoríficos, entre ellos Devesa, por fallas detectadas en los controles sanitarios.

Esa auditoría internacional puso en evidencia el deterioro operativo del Senasa, el organismo estatal que debe garantizar la trazabilidad y calidad de los productos alimenticios. "Fue una sanción devastadora. Habíamos hecho grandes esfuerzos por sostener ese mercado", reconocieron desde la empresa.

La falta de controles responde a un proceso más amplio: la desregulación impulsada por el gobierno nacional y el desguace de estructuras técnicas claves. Bajo el lema del "plan motosierra", el Ejecutivo avanzó con recortes en organismos públicos, incluido el Senasa, lo que se tradujo en despidos y menor capacidad de fiscalización.

Desde el Sindicato de la Carne alertaron que la crisis no es aislada. En La Pampa, el frigorífico Carnes Pampeanas también fue sancionado y paralizó su actividad durante una semana, con personal licenciado. Otro establecimiento en General Pico despidió a 90 operarios días atrás.

"Fui despedido esta semana, y lo que me ofrecieron de indemnización no me alcanza ni para vivir dos meses. Con la situación del país, conseguir trabajo es muy difícil", dijo uno de los operarios cesanteados en Azul, en diálogo con medios locales.

A fines de febrero, el decreto 133/2025 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó las tensiones al habilitar la exportación de ganado en pie sin mayores controles. La medida fue repudiada por el gremio de la carne, que advirtió que este modelo beneficia a un grupo reducido de exportadores y perjudica a la industria nacional y a los trabajadores.

El sindicato advirtió que la exportación de animales vivos impactará de lleno en los frigoríficos, al reducir el volumen de faena y desposte. "Esto traerá menos empleo y menos carne en el mercado interno, lo que además presionará al alza los precios", denunciaron.

Mientras tanto, en Azul, los trabajadores despedidos aguardan definiciones y temen que el ajuste se profundice. La crisis de Devesa es, para muchos, un anticipo de lo que puede extenderse en otras regiones si no se corrigen los desequilibrios que hoy golpean al sector.