Los problemas estructurales que arrastra el complejo frutícola regional, agravados por los efectos económicos generados por las medidas del Gobierno Nacional para contener el covid-19, están entre los principales argumentos de la actividad para solicitar una prórroga sobre la Emergencia Frutícola que vence a fin de este mes.

La Ley fue sancionada en 2017 y a partir de mayo de 2018 fue prorrogada en forma consecutiva hasta la fecha. Los beneficios van desde la postergación de obligaciones impositivas de la Seguridad Social hasta suspensiones de juicios y embargos sobre las cuentas bancarias del sector, tanto para las empresas como para los productores.

Según fuente del sector público, las deudas del sistema frutícola con la AFIP por esta Emergencia superan a la fecha los 3.500 millones de pesos. En el actual y complejo escenario comercial que vive el sector, es difícil pensar en hacer frente a esos pasivos independientemente de las 60 cuotas que pueda otorgar el organismo recaudador para su cancelación.

"Nosotros seguimos en contacto por este tema con los Ministerios de Agricultura y Producción de la Nación y, en ambos casos, nos dicen que todo estaría encaminado para una nueva prórroga", señala el Gerente General de la CAFI, Marcelo Loyarte, ante una consulta telefónica con el Diario Rio Negro.

"Los diputados y senadores del Congreso Nacional que representan a nuestra región están totalmente de acuerdo en la prórroga. Es más, muchos ya han presentado sus propios proyectos en el Congreso", destacó Loyarte en otra parte de la conversación.

Cabe destacar que, si el Congreso Nacional no puede avanzar en el tema, el Ejecutivo lo puede prorrogar la medida por decreto.